domingo, 22 de octubre de 2017

Y LLEGÓ EL 155



                        Inevitablemente, el empecinamiento antidemocrático de Puigdemont y su comparsa ha activado la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución que dice: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. Mayor claridad, imposible; y, dadas las circunstancias, mayor necesidad, también, pues es meridianamente claro que los gobernantes secesionistas de la Comunidad Autónoma de Cataluña incumplen reiteradamente las obligaciones constitucionales y las leyes democráticas, atentando grave y claramente contra el interés general de España; asimismo es manifiestamente claro y notorio los requerimientos que el Gobierno de España ha hecho al Presidente de la Generalitat para que deponga su actitud y rectifique en su intolerable proceder, no siendo atendidos por éste, sino todo lo contrario. Por tanto al Gobierno de España sólo le quedaban dos opciones: mirar para otro lado y que la Generalitat prosiguiera con su perverso proceso antidemocrático en contra de todos los españoles, incluidos los catalanes, o “adoptar las medidas necesarias” para obligar a la Generalitat al “cumplimiento forzoso” de sus obligaciones y proteger así el “interés general”. Y obviamente el Gobierno de España ha optado por ejercer su obligación acordando enviar al Senado para su aprobación “por mayoría absoluta” las “medidas necesarias” para restaurar el orden constitucional en Cataluña consistentes en relevar al President y su Govern, que quedaría destituido por su flagrante actuación al margen de sus obligaciones constitucionales y legales, que pasarían a ser ejercidas temporalmente por el Gobierno de España y sus respectivos Ministerios; en mantener el Parlament de Cataluña pero tutelado parcialmente para evitar nuevos ataques a la Constitución y al Estatuto de Cataluña, como la ilegítima e ilegal legislación paralela para dar apariencia de cobertura legal al “procés” totalitario del Govern; y en convocar elecciones autonómicas en Cataluña en un plazo máximo de seis meses para que los catalanes decidan el nuevo Govern que, al margen de su sesgo independentista o no (eso lo decidirán los catalanes), se disponga a gobernar de forma democrática y, por tanto, acatando la Constitución, el Estatut y las Leyes democráticas acordadas en vez de prostituirlas y mancillarlas como ha venido haciendo este Govern dirigido por Puigdemont y heredado de Artur Mas. Actuación impecable pues del Gobierno de Rajoy, con el apoyo del PP, PSOE y Ciudadanos, que representan en las Cortes Generales a más del 70% de todos los españoles, incluidos los catalanes, y que es el Sancta Santorum de la Democracia y donde ha de ejercerse el verdadero diálogo democrático, concreto y eficaz, que se decide finalmente en votaciones mayoritarias, frente a ese manido diálogo antidemocrático, etéreo y chantajista, que esgrimen los populistas y los soberanistas, y que sólo sirve para confundir demagógicamente a los ciudadanos, rechazando, como hace Puigdemont, comparecer con arreglo a la Ley y a los reglamentos en las Cortes Generales para defender allí su proyecto independentista, negándose simplemente porque sabe que es minoritario y porque la democracia sólo le vale si se le garantiza su personal triunfo.
            Con la puesta en marcha del artículo 155, tal como sucedería en cualquier Estado de Derecho democrático, no acaba el problema pero se restablece una normalidad expresada claramente en la entrega de los Premios Princesa de Asturias en la víspera de la toma por parte del Consejo de Ministros de tan extraordinaria medida constitucional. En efecto, en Oviedo, por si quedaban dudas, se expresó claramente la forma correcta de reconducir cualquier amenaza totalitaria y antidemocrática: “España resolverá el inaceptable intento de secesión por medio de sus legítimas instituciones democráticas” porque “Cataluña es y será parte esencial de España” y “la Constitución resolverá el inaceptable intento de secesión” ya que “ningún proyecto de futuro se puede construir basándose en romper la convivencia”, “ningún proyecto de progreso y libertad se sustenta en la desafección ni en la división” y “ningún proyecto puede conducir al aislamiento o al empobrecimiento de un pueblo”, dijo Felipe VI ante las autoridades de la UE, presentes para recibir el citado premio. Sin duda alguna, sabias y sensatas palabras, difíciles de rebatir aunque algunos lo hagan, por parte del Jefe de Estado español, refrendadas por las autoridades europeas: “la fuerza del derecho es un principio fundamental de la UE”, “he visto banderas españolas por las calles y es hermoso”, “la fuerza de Europa se fundamenta en la fuerza del Derecho”, dijo Jean-Claude Juncker, Presidente de la Comisión Europea; “la Ley tiene que ser respetada por todos los que participan en la vida pública; para mí la concordia es sinónimo de unidad” dijo Donald Tusk, Presidente del Consejo Europeo; y “no es labor de Europa la mediación en una región de España”, “el Derecho no es una opción, es una obligación, no está mal recordarlo cuando afloran los egoísmos nacionalistas” dijo Antonio Tajani, Presidente del Parlamento Europeo. Un cierre de filas unánime por parte de la UE (al igual que el expresado por el resto de gobernantes de sus países miembros) con el Estado de Derecho, en este caso el español, frente al separatismo totalitario que, a pesar de esta unánime desaprobación, sigue engañando demagógicamente a la ciudadanía afirmando que su idílica república sería aceptada como miembro de la UE y amparada por sus instituciones cuando la realidad es que quedaría totalmente aislada internacionalmente con los consecuentes perjuicios para sus ciudadanos.
            Por todo lo anterior, desde un planteamiento democrático y de sentido común, se entienden perfectamente, ante la puesta en marcha del artículo 155, las reacciones de Pedro Sánchez y el PSOE apoyando la medida “para poner freno a una quiebra unilateral” o las de Rivera y Ciudadanos que, emulando a Tajani, sostienen que “aplicar la Constitución no es una opción sino una obligación”; pero son incomprensibles e inaceptables las reacciones de Urkullu y el PNV considerando que “es algo desproporcionado, extremo y que dinamita puentes” o las de Pablo Iglesias y Podemos afirmando que “esto aleja aún más a Cataluña de España”, a quienes habría de exigirles que dijeran, en todo caso, dónde estaría la proporción y el acercamiento entre Cataluña y España… ¿dejando actuar al Govern catalán y al Parlament al margen de la Ley?, ¿aceptando su chantaje y darles lo que pidan para que no monten el pollo?, ¿dando veracidad a su demagógica propuesta de un diálogo para consensuar un “referéndum pactado” a todas luces inconstitucional salvo que se reforme la Constitución previamente?....en definitiva, exigirles qué digan exactamente qué harían ellos, si fueran quienes gobiernan España, para que los electores españoles lo tengan en cuenta en lo sucesivo. Por su parte Puigdemont convoca al Parlament “para actuar en consecuencia” y en busca de una reacción a la decisión del Ejecutivo, provocada por él, diciéndole a los catalanes que “no podemos aceptar ese ataque, tenemos que conjurarnos”, pero, de momento, sin mencionar la posibilidad de una declaración unilateral de independencia, aunque, conociendo al personaje, no son pocos quienes sostienen que el Parlament declarará la DUI el día 27-O lo que acarrearía que la Fiscalía se querellara contra él y los principales responsables por rebelión y sugiriera, ante la gravedad de los hechos, prisión provisional. De momento, una vez cesado el Govern, el Estado controlará a los Mossos, a TV3 y la economía catalana, garantizando así el mantenimiento del autogobierno en Cataluña que para nada desaparece pues simplemente se sustituye a sus gestores temporalmente a la espera de que se celebren los anunciados comicios autonómicos una vez recuperada “la legalidad, la convivencia y la economía” y, como es lógico y normal, los funcionarios rebeldes, si los hubiere, podrán ser sancionados, incluso sin sueldo, tal como sucede en cualquier otra Comunidad Autónoma gestionada con absoluta normalidad democrática, que es lo que se pretende con la aplicación del 155, intentando evitar este desastre político, institucional, social y económico provocado por el independentismo totalitario del Govern de la Generalitat, cuyos defensores, con Puigdemont a la cabeza, tienen la desfachatez indecente de calificar la constitucional medida del 155 de “golpe”, cuando son ellos quienes actúan de forma golpista al margen de cualquier legalidad y sin ninguna legitimidad democrática que les evale.
Jorge Cremades Sena

viernes, 20 de octubre de 2017

RESTAURAR LA LEGALIDAD



                        Dice la sentencia del Tribunal Constitucional contra la ilegal “Ley del Referéndum”, ya suspendida en su día y ahora anulada definitivamente, que “lo que a todos afecta sólo puede ser decidido por todos” por lo que, además de la vulneración de cualquier legalidad y de los propios reglamentos al respecto, “el Parlament dejó a los ciudadanos a merced de un poder sin límite alguno”, lo que repugna a cualquier planteamiento democrático. Un poder que “no reconoce límite alguno” es lo más parecido a un poder absoluto, autoritario y arbitrario, que es lo que pretende consolidar el Govern de la Generalitat en estos momentos. Por eso no extraña que la respuesta de Puigdemont a los requerimientos por parte del Gobierno español haya sido la que ha sido hasta el final, es decir, una burla en toda regla a los ciudadanos españoles, incluidos los catalanes, y a las instituciones democráticas del Estado de Derecho al que pertenece legal y legítimamente la Generalitat de Cataluña, cuyo Govern, dirigido por Puigdemont y Junqueras, se ha saltado todo tipo de normas, usos y competencias regladas y ajustadas a derecho, prostituyendo la democracia en Cataluña y dañando gravemente la estabilidad económica y la convivencia no sólo entre los catalanes sino entre el resto de españoles. Por todo ello, agotada una paciencia infinita por parte del Gobierno de España y demostrada la tozudez totalitaria de Puigdemont y sus colegas, sólo cabe ya (algunos consideran que se debiera haber hecho antes) aplicar el artículo 155 con la única finalidad de restaurar la legalidad en Cataluña y en España, que es el objetivo que pretende dicho artículo (basta leerlo para comprobarlo), aunque algunos, interesadamente, pretendan venderlo como el de una supresión recentralizadora y caprichosa de la autonomía, cuando precisamente su pretensión es todo lo contrario, es decir, restablecerla y defenderla de los atropellos antidemocráticos de sus totalitarios gobernantes. Por tanto el Gobierno intervendrá la autonomía catalana para frenar la ilegal secesión y al efecto el Consejo de Ministros decidirá mañana las medidas negociadas con el PSOE, para enviarlas al Senado, que finalmente decidirá al respecto, especulándose que el asunto consista en un 155 limitado y elecciones en Cataluña para la primavera; que, entretanto, Gobierno y oposición constitucionalista negociarían nombrar un sustituto temporal de Puigdemont con rango de ministro (es obvio que no se pueden mantener a los zorros cuidando del gallinero) para reinstaurar la legalidad; que el 155 limitaría la función del Parlament pero no lo disolverá; y que, aunque, desde ya, se activará el artículo, la Cámara Alta no lo aprobará hasta finales de mes, esperando (a mi juicio, vanamente) que en ese plazo se convoquen elecciones, mientras Puigdemont amenaza con votar la independencia en el Parlament. En definitiva, que el Gobierno de España, bien a través de un “ministro para Cataluña”, bien con otra fórmula ad hoc, gestione la Autonomía, temporal y brevemente, y que convoque elecciones autonómicas para que sean los catalanes quienes decidan en quienes dejan la responsabilidad del futuro político-institucional inmediato de la Comunidad Autónoma.
            Entretanto el rotundo mensaje de Europa, como no podía ser de otra forma, es a favor de una España unida, dejando bien claro que “nadie en la Unión Europea reconocería la independencia de Cataluña”, por si queda alguna duda, aunque los independentistas sigan vendiendo humo al respecto (lo cierto es que sólo cuentan internacionalmente con el apoyo expreso de Nicolás Maduro, reconocido demócrata como todo el mundo sabe) y sostengan que la hipotética República Catalana sería acogida internacionalmente con los brazos abiertos y seguiría siendo miembro de la UE. Por tanto, Europa cierra filas con Rajoy, que recibe el apoyo de los principales líderes europeos ante el desafío secesionista, especialmente de Macron y Merkel, respaldando siempre una “solución dentro del marco constitucional español”, al extremo de que Tusk, presidente del Consejo Europeo, desautoriza al secesionismo y su propaganda demagógica diciendo que “no hay espacio” para la mediación que buscan los secesionistas. Es la respuesta lógica de una Unión Europea basada en el Imperio de la Ley, frente a quienes pretenden conseguir sus objetivos y gobernar al margen de ella. Pero ni este unánime rechazo internacional, ni la oferta de Rajoy de frenar el 155 si Puigdemont convoca elecciones, ni los plazos dados para que reconsidere su empecinamiento soberanista, ni la oferta de “amnistía” por parte de Rajoy a cambio de elecciones legales para que el President salga indemne a pesar de todo el daño causado, ni nada de nada, parecen hacer mella alguna en la entelequia totalitaria del alucinado Puigdemont. Ni siquiera le afecta que tres de sus consejeros le amenacen con dimitir si aprueba la ruptura por decreto (al parecer, Xanti Villa, Meritxell Borrás y Carles Mundó, han manifestado su voluntad de abandonar el cargo si se utilizara esa vía), mientras la CUP dinamita el “procés” negándose a votar en el Parlament una declaración de independencia (quieren la independencia ya) y el independentismo reactiva las protestas en Barcelona y otras ciudades catalanas con velas en la mano y en silencio para exigir la libertad de los “presos políticos”, es decir, de los presuntos delincuentes, los Jordis, encarcelados cautelarmente por sedición y a la espera de juicio; sin duda alguna, todo un ritual para inventarse mártires de la causa antidemocrática.
            Y todo ello en medio de un deterioro económico en Cataluña (y en el resto de España) que los expertos valoran ya en un coste al Estado de entre 13.000 y 14.000 millones de euros que repercutirán obviamente en el bienestar de todos los ciudadanos. En efecto, el impacto económico del “procés” provoca, entre otras cosas, que en octubre hayan salido de Cataluña 700 empresas (917 en total ya se han ido), que la venta de coches en Barcelona haya caído entre el 30% y 40%, que la actividad turística caiga un 15% (previéndose 1.200 millones menos de ingresos turísticos este año), que las ventas en grandes superficies en Cataluña sufran una caída del 20%, que unas 20 empresas abandonen Cataluña cada hora, que la crisis costará 3.300 millones al PIB y la pérdida de unos 75.000 empleos en 2018…. Pero, instaladas en la teoría de que cuanto peor, mejor, tanto ANC como Ómnium llaman a los catalanes a que saquen sus ahorros de los bancos, en tanto que el Presidente del Sabadell prepara su traslado a Madrid y casi mil empresas han huido ya de Cataluña a causa de la inseguridad jurídica generada por esta pretendida esquizofrénica independencia unilateral, siendo más que probable que el escenario empeoraría más aun ante una hipotética República Catalana al margen de la UE y sin cobertura alguna por parte del BCE. Y mientras Barcelona se queda casi sin opciones para acoger la Agencia del Medicamento a pesar de la defensa de que lo sea hecha tanto por el Gobierno de Rajoy como del Govern de la Generalitat (cuando tenía todas las ventajas para serlo antes de este “procés” soberanista intolerable), y mientras Volkswagen deja en manos de SEAT el plan para salir de Cataluña, sumándose a la ristra de empresas que ya han huido de la quema, Puigdemont planea declarar la DUI y elecciones constituyentes, pretendiendo el PDeCAT apostar por repetir coalición aunque Junqueras, sabedor de que ERC ya ha hundido al PDeCAT, se niegue a ello; aunque me temo que Puigdemont opte por activar la Asamblea de Electos si le suspenden con el artículo 155 y diputados y alcaldes tomarían las riendas de la ruta soberanista como resistencia, al mejor estilo cupista, y al final la antigua CDC, convertida hoy en PDeCAT, acabe siendo finalmente el PDeCUP. Restaurar la legalidad con la aplicación constitucional del artículo 155 ya no sólo es esencial sino urgente, como sostiene Ciudadanos.
            En cuanto a otros asunto, que también los hay, cabe citar al menos que hay penas de cárcel para la cúpula de la CAM; que Edmundo Rodríguez Sobrino, directivo con Ignacio González, declara ante el juez del caso Lezo que “se robaron 25 millones del Canal en la época de Gallardón” incriminando así al ex ministro; que cunde el miedo a la “lava negra” en Galicia tras los incendios, mientras Fiscalía investiga si hubo “planificación coordinada” en los mismos y aparecen sospechosos al respecto en tanto que las lluvias calman la catastrófica situación; que la Gran Vía de Carmena costará el doble de lo anunciado; y que ACS supera en 2.000 millones la oferta de Atlantia por Abertis, una contraopa de Florentino Pérez para liderar las autopistas en el mundo, al lanzar una oferta por la concesionaria Abertis por 18.500 millones, un 13´6% mayor que la de Atlantia.
            Y en el exterior destacar que mientras David Davis, ministro para el Brexit y jefe negociador británico, dice que “debemos estar preparados para un Brexit sin acuerdo”, la UE busca un divorcio amistoso con Reino Unido; que las milicias antiyihadistas reconquistan Raqqa, el bastión del ISIS en Siria, dejando sin territorio al Estado Islámico gracias a la coalición del FSD y apuntando al final del Califato la victoria de las milicias apoyadas por EEUU; y que en China el presidente Xi Jinping anuncia en Pekín durante la apertura del XIX congreso del Partido Comunista Chino sus planes por convertir el país en “una gran nación socialista moderna” mientras prepara el nuevo ejército de China “para el combate”.
            En cuanto se refiere a los deportes destacar la retirada de Ruth Beitia, la mejor atleta española; y en la Champions de Fútbol un nuevo paso atrás del Atlético de Madrid, que empata, 0-0, en casa del humilde Qarabag, la estrepitosa derrota del Sevilla, 5-1, en casa del Spartak de Moscú, el empate del Real Madrid, 1-1, con el Tottenham en el Bernabeu, y la victoria del Barça, 3-1, frente al Olympiacos en el Camp Nou.
Jorge Cremades Sena

martes, 17 de octubre de 2017

SEDICIOSOS, A PRISIÓN



                        Dice el artículo 544 del Código Penal que “son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”. A buen entendedor… ya saben, pues la redacción literal de dicho artículo deja bien claro quienes incurren en el gravísimo delito de sedición, mientras los hechos acaecidos durante el asedio a la Guardia Civil y a la comisión judicial los días 20 y 21 de septiembre en Barcelona (si hablamos de los del 1-O en toda Cataluña ya nos quedaríamos alucinados) confirman la comisión del delito de sedición cuando esos días, por orden judicial obviamente, se encontraban en la sede de la Consellería de Economía para registrarla y el edificio fue rodeado por varios miles de personas, que intentaban entrar por la fuerza y les impidieron salir durante horas, al extremo de que la comisión judicial fue retenida contra su voluntad, teniendo que ser evacuada en helicóptero. Por ello es procedente y ajustado a Derecho que la Audiencia Nacional haya enviado a prisión a los promotores y agitadores de dichas revueltas separatistas, es decir, a los líderes de ANC y Omnium, que además se vanagloriaban de semejante proceder antidemocrático. En efecto la juez Lamela considera que los “Jordis”, Sánchez y Quixart, “alentaron a la masa” para “impedir la aplicación de la ley”, dentro del marco de “una compleja estrategia diseñada para obtener la independencia” unilateralmente y de forma ilegal, lo que constituye a todas luces la comisión de un delito de sedición (penado de 8 a 15 años de cárcel) y, como consecuencia, dicta prisión preventiva incondicional y sin fianza para ambos líderes callejeros, agitadores del separatismo y del golpe institucional totalitario que pretenden en Cataluña. Más suerte ha tenido de momento Trapero, el Jefe de los Mossos, pues, por los sucesos de ese día, Lamela le deja en libertad condicional, contra el criterio fiscal, aunque le impide salir de España, retirándole el pasaporte, y le impone comparecencias periódicas en el juzgado, advirtiéndole de que estas medidas pueden agravarse….; no hay que olvidar que se está a la espera de que finalice la investigación sobre lo actuado por los Mossos el día 1-O, que, a todas luces, deja mucho que desear. La juez por lo visto no aprecia en Trapero riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de que vuelva a delinquir. No cabe pues, que desde el Govern de Cataluña se hable ahora de “presos políticos” y otras sandeces por el estilo, pues los líderes de ANC y Omnium, promotores de las revueltas separatistas, si están hoy en prisión no es por sus ideas independentistas sino porque, para llevarlas a la práctica, han cometido graves delitos meridianamente tipificados en nuestro Código Penal, lo que debe quedar bien claro para el común de los mortales.
            Mientras tanto Puigdemont se sigue burlando de todos los españoles, incluidos los catalanes, y, vencido el plazo dado por el Gobierno para que conteste con trasparencia si declaró o no en el Parlament la independencia unilateral de Cataluña, contesta al requerimiento gubernamental con una milonga indigna de un gobernante democrático. Su respuesta viene a ser ni sí, ni no, sino todo lo contrario, apelando a un diálogo de tú a tú con el Gobierno de España como si de dos Estados independientes se tratara y quisieran resolver sus diferencias, cuando de lo que se trata es de dilucidar con absoluta trasparencia y claridad si ya materializó, aunque sea chapuceramente y con cobardía, la proclamación ilegal de Cataluña o desiste de continuar por la oscura senda del totalitarismo al margen de la Legalidad vigente. Por tanto Puigdemont, con su cerril proceder, precipita la activación del artículo 155 de la Constitución con otro indecente regate a Rajoy si, al cumplirse el próximo jueves el segundo plazo dado por el Gobierno para hacerlo, no regresa a la cordura democrática y manifiesta nítidamente que la proclamación de la independencia de Cataluña no la ha hecho aún. Pero, ante la falta de legitimidad democrática, el President acelera hacia la ruptura total en la calle y las asociaciones soberanistas convocan movilizaciones y presionan para seguir con la DUI pese a la división del mundo soberanista cada vez más palpable y, en previsión de lo que pueda suceder, Rajoy y Sánchez, junto a Rivera que así lo exige, se preparan para cerrar antes del jueves el guion definitivo para aplicar el 155, planeando el Gobierno relevar a la cúpula de la Seguridad en Cataluña, encabezando la lista de actuaciones la propia Consejería de Interior, los Mossos y Protección Civil, dado que la actitud de Puigdemont deja a Rajoy, quien se plantea nombrar un Delegado Territorial en Cataluña para sustituirle temporalmente, sin excusa alguna para no aplicar dicho artículo constitucional y restablecer el orden democrático en la Comunidad Autónoma Catalana, pues el actual desmadre ya no puede prolongarse por más tiempo, al extremo de que el Gobierno de España ya ha tenido que rebajar en tres décimas el PIB para 2018 por este absurdo y totalitario desafío de los gobernantes catalanes. Y mientras tanto Artur Mas, pionero de este desmadre intolerable e inhabilitado por ello, deposita 2´2 millones de su fianza y pide una prórroga para el resto… sin que se tome como amenaza alguna, sino como advertencia, que Puigdemont vaya tomando nota, pues ha ido incluso mucho más lejos que su antecesor President de la Generalitat, como para que luego hable de “presos políticos” y barbaridades por el estilo.
            Entretanto Galicia, buena parte del Norte de la Península, y nuestro vecino Portugal son arrasados por numerosos incendios forestales, que Feijoo atribuye a un “terrorismo incendiario” que ya ha causado cuatro muertos en Galicia y casi cuarenta en Portugal. Y no es para menos, pues decenas y decenas de incendios, la mayoría de ellos intencionados, además de provocar las muertes citadas, arrasan miles de hectáreas, destruyen casas y ganados a su paso dejando a las gentes en la más absoluta miseria y la más atroz desesperación. Decenas de focos simultáneos sólo son explicables por la acción humana, lo que confirma ese “terrorismo incendiario” del que habla y se lamenta el Presidente de la Xunta, mientras la Policía ya habla de “varios autores organizados” e identifica a veinte personas relacionadas con los mismos, sospechando especialmente de tres de ellas.
            En cuanto a otros asuntos se refiere cabe citar que empresarios del 3% tenían el contacto de todos los tesoreros de Convergencia; que Carmena venderá suelo público (¡quién lo diría!) para cuadrar las cuentas; que Javier Sierra gana el Premio Planeta con la novela “El fuego invisible”, llena de misterio y exotismo; que un doble atentado brutal aterroriza Somalia y deja decenas de muertos y heridos; que la oposición venezolana denuncia fraude en las elecciones regionales y no reconoce el triunfo que se atribuyen los chavistas; y que Austria ha votado por el cambio y da el Gobierno al conservador Sebastian Kurz, que será el primer ministro más joven de Europa, mientras socialdemócratas y ultraderecha pugnan por el segundo puesto y el notable ascenso de los ultras les hace aspirantes a entrar en el Gobierno de Kurz.
Jorge Cremades Sena

domingo, 15 de octubre de 2017

EL CULPABLE, PUIGDEMONT



                        Dice Nuria Marín, alcaldesa socialista de Hospitalet de Llobregat, y dice bien en referencia al 155, que “si se aplica el artículo, el culpable será Puigdemont”, pues, en efecto, él y sólo él es quien tiene la posibilidad de decidir mañana si sigue adelante con el ilegal “procés”, que todos los demócratas rechazan, o si regresa a la cordura democrática, aunque es cierto que, en todo caso, tiene de plazo hasta el próximo jueves para arrepentirse de lo que haga mañana. Más oportunidades para que medite sobre el asunto y reconduzca el desaguisado, imposible. Entretanto la CUP le exige que “nítidamente” reafirme que declaró la independencia unilateral y ERC, aunque apuesta por lo mismo, llama a la unidad del bloque soberanista y pide cerrar filas con el president; Artur Mas pide a Urkullu que medie para negociar con Moncloa e intenta aislar al President del ultimátum de CUP y ERC para que reafirme la independencia y le recuerda que son él y su Govern quienes han de tomar las decisiones; los bancos acuerdan no reconocer una hipotética Cataluña independiente; los mossos andan divididos y al menos 50 de ellos piden su ingreso en la Policía Nacional, afirmando alguno en carta abierta al Gobierno que “han elaborado listas de agentes y mandos españolistas, nos sentimos secuestrados”; Miquel Iceta afirma “apoyaré la aplicación del artículo 155 de la Constitución si Puigdemont contesta sí”; las empresas siguen abandonando Cataluña y ya son 540 las que se han marchado en una semana; el Gobierno prevé elevar el objetivo de déficit al no aprobarse los Presupuestos y alerta de un frenazo de la actividad económica en 2018, advirtiendo a Puigdemont de que está ante su “mejor oportunidad” para “rectificar” y que, en caso contrario, se pondrá en marcha el artículo 155 de la Constitución; Lagarde afirma que “la incertidumbre lastra el crecimiento” y Juncker “no quiero una UE de 98 Estados”, frenando en seco el separatismo y descartando cualquier mediación… son aspectos del preocupante ambiente político que se respira en la víspera de la toma de tan trascendental decisión por parte del President de Cataluña. Él sabrá pues valorar la situación y él será pues el principal responsable de las consecuencias derivadas de su decisión que, en principio, parece inclinarse por contestar a Rajoy reactivando la DUI, tal como imponen sus socios radicales de izquierdas y los anticapitalistas de la CUP, aunque sectores del PDeCAT pidan esperar un gesto desde Madrid y convocar elecciones. Pero el gesto desde Madrid no puede ser otro que la exigencia de que Puigdemont vuelva a los cauces democráticos y desde la democracia restablecida en Cataluña dialogar lo que sea preciso, pues, en caso contrario, Rajoy se verá abocado a aplicar el 155, barajando en estos momentos dos opciones: o un Gobierno de Concentración con políticos de todos los partidos o uno de Gestión con técnicos del Estado, que, en todo caso, convocaría elecciones en un plazo de tres a seis meses; en definitiva, el actual Govern habría de ser sustituido en pleno inevitablemente, al haber desatendido las obligaciones que, como tal, tiene, por más que Rajoy pretenda aplicar un 155 que afecte lo “menos posible” a la autonomía. Como dice Nuria Marín el principal culpable de esta situación y de lo que suceda será Puigdemont sin lugar a dudas.
            Por otro lado, dice Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, que “hay opciones para cambiar las mayorías en Cataluña”, obviamente si los catalanes así lo decidieran en unas próximas elecciones autonómicas. De momento, según NCReport, en lo que respecta a unas elecciones generales, con el desafío catalán de por medio, Ciudadanos se dispararía y daría una mayoría absoluta al centro-derecha en el Congreso de los Diputados pues, según la encuesta, las elecciones las seguiría ganando el PP con el 31´4% de votos, aunque perdería nueve escaños, seguido de PSOE con el 22% y cuatro escaños más, Ciudadanos con el 17´8% y dieciocho escaños más, y Podemos con el 17´5% y diecisiete escaños menos (aunque sólo se trate de encuestas y como tal haya que tomarlas, nos pueden dar una idea de por dónde van los tiros electorales en estos momentos, influyendo obviamente los posicionamientos políticos respecto al desafío soberanista). Mientras tanto se publica que la Generalitat está creando su Estado independiente en la Red, ya que el Govern levanta desde hace dos años una Administración digital con ayuda de Estonia; que la Guardia Civil y la Policía Nacional son los peor pagados de Europa ya que su sueldo medio anual es inferior al de los principales países de la UE en contrate con los de la policía autonómica que subieron un 61% en los últimos diez años; y que el President Puigdemont imploró a Caixabank y Banco Sabadell que aplazasen su traslado de Cataluña, diciéndoles “esperad quince días, hay que parar el efecto dominó” pero Fainé y Oliu fueron tajantes en su respuesta: “os hemos enviado varios avisos; la decisión está tomada, ya no hay marcha atrás”….y el efecto dominó, que quería evitar el President para seguir engañando a la opinión pública con que su irresponsable proceder no afectaría a la economía, se produjo, centenares de empresas se han largado lamentablemente de Cataluña….esperemos que la decisión de Puigdemont de mañana no empeore aún más la situación.
            Y todo ello con la resaca todavía de la Fiesta Nacional del 12 de octubre y su espectacular desfile militar en Madrid presidido por los Reyes, en el que desfilaron también la Guardia Civil y la Policía Nacional. Una Fiesta Nacional convertida en un lógico clamor por la Constitución, en la que políticos, empresarios y sociedad civil mostraron su apoyo al Jefe del Estado, Felipe VI, en el Palacio Real y miles de españoles arroparon en la calle a las Fuerzas Armadas. Una Fiesta Nacional para mostrar, como hacen los ciudadanos biennacidos del resto de países, el orgullo de sentirse españoles, en este caso, empañada exclusivamente por el accidente mortal del capitán Aybar con su avión tras participar en el desfile militar, a quien sólo cabe desear su descanso en paz y las condolencias a sus familiares, compañeros y amigos. Una Fiesta Nacional y un desfile militar al que no asistieron lamentablemente los presidentes autonómicos de Cataluña, País Vasco y Navarra, descalificándose a sí mismos como representantes del Estado en dichas CCAA, pero que batió records de asistencia, reuniendo el Rey a políticos, jueces y sociedad civil, entre ellos a Sánchez, Zapatero, Felipe González y 26 ex ministros. Una Fiesta Nacional en la que Barcelona, desbordando todas las previsiones, vuelve a las calles por la unidad de España y reúne a unas 65.000 personas, trece veces más que el año pasado, como indiscutible respuesta al intolerable desafío catalán independentista. Y una Fiesta Nacional y un desfile militar sin la asistencia de Pablo Iglesias, perdido en su indefinición acerca del independentismo catalanista, demostrando así su incompetencia como aspirante a ser algún día Presidente del Gobierno de España, lo que, con toda seguridad, los españoles, incluidos los catalanes, se lo tendrán en cuenta en posteriores elecciones o, al menos, debieran tenérselo en cuenta.
            En cuanto a otros asuntos cabe citar que el BCE redobla la presión sobre la banca con una propuesta para que limite la acumulación de préstamos fallidos, con lo que tendrán que dotar la totalidad de sus créditos sin garantías; que Hamás claudica y entrega el control de Gaza a la Autoridad Palestina; que dos regiones de Italia, Lombardía y Véneto concretamente, piden más autonomía, aunque están muy lejos de los anhelos secesionista; que Maduro cambia de colegio a 700.000 votantes para perjudicar a la oposición; que Raqqa, la capital del “califato” del IS en Siria, es definitivamente asaltada, sumándose su derrota a la caída de la ciudad iraquí de Mosul; que los inmigrantes del Magreb desplazan de las pateras a los subsaharianos; y que Trump da un portazo a la UNESCO por su “sesgo antisraelí” cumpliendo así su amenaza al anunciar que dejará la organización y, por otro lado, se aparta del pacto nuclear con Irán sin el apoyo de sus socios, abriendo así otro frente con el Estado iraní. 
            Y en lo que respecta al futbol, concretamente a la Liga española, en el Estadio Metropolitano, repleto de banderas de España para recibir al Barça a pesar de las advertencias de Cerezo de que “esto es fútbol, no una manifestación”, el Atlético de Madrid empata, 1-1, con los barcelonistas entre pitos en las gradas y entonando el “¡Que viva España!”…. la apuesta pública del Barça por el independentismo unilateral hace sus efectos en los campos españoles a los que se debería asistir con el único objetivo de disfrutar del evento deportivo; horas antes el Real Madrid ganaba, 1-2, en Getafe.
                                                Jorge Cremades Sena