En plena proclamación de listas de candidatos a las próximas elecciones autonómicas y municipales salta a la opinión pública el escándalo de corrupción de los EREs en Andalucía que, junto a los casos Malaya y Gürtel –y a otros muchos de menor trascendencia- conforman la mayor vergüenza nacional, la corrupción política. Sólo con los citados casos quedan implicadas las principales opciones políticas –independientes, populares y socialistas- que, en breve, nos pedirán el voto. Después, cada uno a lo suyo. Cuatro años más en las poltronas sin que los partidos que los auparon hagan nada para erradicar sus sinvergonzonerías. ¿Cómo van a fiarse de ellos fuera de nuestras fronteras? ¿Cómo vamos a fiarnos y votarlos? Un verdadero problema de credibilidad como país para nuestros vecinos y un auténtico problemón de higiene democrática para nuestras instituciones que quedan bajo sospecha. En estas condiciones se hace muy difícil –si no imposible- cambiar el necesario rumbo para resolver el resto de graves problemas que padecemos los españoles, cuya solución requiere, entre otras cosas, grandes dosis de confianza en la capacidad de los gobernantes, en su inmaculada honradez y en su coherencia a la hora de cumplir lo que prometieron en las respectivas campañas electorales. O su dimisión “ipso facto” en caso contrario.
Lo improcedente es justificar tamañas fechorías refugiándose políticamente en la presunción de inocencia, minimizándolas según su alcance, suavizándolas según la mayor gravedad de las que cometen los contrarios o escondiéndolas bajo el disfraz del desconocimiento. Es lo que hacen todos cuando las fechorías salen a la luz. Para poner fin a esta lacra lo procedente es la tolerancia cero por parte de los partidos políticos que, urgentemente, deben tomar medidas internas y hacer propuestas en el ámbito jurídico, para que inmediatamente sean expulsados de la política quienes cometan el más mínimo acto de corrupción y apartados del cargo partidario o institucional, por incompetentes, quienes aleguen desconocimiento sobre las actuaciones perniciosas de aquellos que nombraron para gestionar el correspondiente departamento que dirigen. Por ello, no es de recibo que Chavez reste importancia al caso EREs diciendo que “sólo hay cuatro o cinco” implicados del PSOE, ya que no tenía que haber ninguno; que diga “nosotros colaboramos con la justicia, lo que no hace el PP”, ya que no vale que los otros sean aún peores; o que se abstenga de opinar sobre la negativa de la Junta a crear una comisión de investigación porque “no soy ya presidente de la Junta” ya que detenta un alto cargo como vicepresidente del gobierno y como tal debiera opinar al respecto. No es de recibo que minimice los hechos diciendo que las políticas públicas de la Junta sirvieron para “salvar más de 25.000 puestos de trabajo” -¡faltaría más!, para eso estaban los fondos y no para lucrar a quienes no habían trabajado- y que concluya, sin hacer mención a las responsabilidades políticas, diciendo “Y si alguien ha cometido una irregularidad, que la Justicia caiga sobre ellos” –, sólo faltaba que no lo hiciera. Seguramente le consuela que hasta ahora, según él, “no hay ningún consejero implicado” y de los altos cargos “sólo hay un ex-director general”. ¡Qué lástima que los consejeros, nombrados por él, no se enteraban de lo que estaba pasando! Él, y su sucesor, Griñán, por lo visto, tampoco.
Entretanto aparecen noticias como “Un ex-militante socialista cobró 112.000 euros sin haber trabajado jamás en Mercasevilla”, “dos cuñados de Antonio Rivas, ex-delegado de empleo en Sevilla están prejubilados en las empresas Intersur y Surcolor, en las que nunca trabajaron” o “el ex-consejero de empleo de Andalucía aprobó un ERE en la empresa en que trabajaba, una ayuda extra de 17 millones de euros, que incluye una póliza de casi 400.000 euros a su nombre”. ¡Menos mal que este último, al menos, trabajaba!. Así vamos conociendo que los EREs irregulares –denominados por la Junta como “presunta discordancia”-, incluyen de momento unos 70 presuntos prejubilados falsos, en un país con un grave problema de desempleo en el que, los que encuentran trabajo, necesitan cotizar más de treinta años para alcanzar una pensión medianamente decente. Anteriormente hemos tenido que soportar indignados otro sinfín de noticias vergonzosas sobre Roldán, Ibercorp, Filesa, Afinsa, Gescartera, Malaya, Gürtel, Pretoria, Palma Arena… Una vergüenza nacional que algunos valoran –según las memorias de la Fiscalía Anticorrupción y otros procedimientos abiertos- en un fraude de más de 4.000 millones de euros sólo en 28 casos y en los últimos diez años. ¿Merecen los españoles ser gobernados por semejantes sinvergüenzas o incompetentes? Esta es la cuestión.
Lo más triste de todo es que, como la corrupción afecta a todos los partidos en mayor o menor grado, sus dirigentes políticos quedan invalidados, aunque lo hagan, para exigir honradez a los contrarios. Sus respectivas peticiones de dimisión son un sarcasmo, cuando no les importa obligarnos, con todo descaro, a tener que elegir candidatos presuntamente corruptos por acción u omisión, amparándose en este laberinto democrático en el que nos han metido. Una actitud intolerable. El botín escondido en el palacio del depuesto dictador tunecino, Ben Alí, es aún peor; pero ello no puede llevarnos a la resignación, en otros países hay ministros que dimiten, aunque sea con reticencias, por haber plagiado su tesis doctoral. Es la otra posibilidad, pero tendremos que esforzarnos para exigirla; por ejemplo, votando masivamente a un nuevo partido que en su programa sea valiente para hacer propuestas en dicha dirección. Los de “piñón fijo” de los ya existentes, sin duda, son minoritarios.
Fdo. Jorge Cremades Sena
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