RENDIR CUENTAS

            Los cambios de gobiernos locales y autonómicos, que se han producido tras las últimas elecciones, ponen sobre el tapete la falta de trasparencia a la hora de rendir cuentas por parte de los gobernantes salientes, lo que da pie a la sospecha de que también lo hacen los que permanecen –al margen de su color político- hasta que la alternancia política les desaloje. Conducta inadmisible y muy grave si quien la practica es un administrador privado de recursos ajenos, cuyos dueños tienen derecho a saber de forma clara y pormenorizada el uso que ha hecho de los mismos y, por supuesto, a exigirle, si de los datos se observan graves irregularidades, las responsabilidades civiles y penales pertinentes. Sin embargo, al conjunto de todos los españoles se les niega en la práctica este derecho –salvo como miembros de cualquier asociación, sociedad o comunidad de vecinos- cuando el administrador es el gobierno –nacional, autonómico o local- y los bienes administrados son los recursos públicos, es decir, de todos nosotros, que más bien utilizan como recursos de nadie sobre los que pueden actuar con total impunidad. Un panorama insostenible que urgentemente requiere reformas legislativas que, más allá de las responsabilidades políticas, permitan exigir a los gobernantes responsabilidades civiles y penales por actuaciones negligentes o despilfarradoras en la gestión del dinero público que se les ha encomendado. Es la única forma de acabar con actuaciones repudiables, bastante generalizadas, que pueden ejemplarizarse, por su impacto mediático, con la gestión de Barreda en Castilla-La Mancha y sus posteriores explicaciones. Un claro ejemplo de lo que jámas debe suceder.

Barreda, durante el pertinente traspaso de poderes a Cospedal, manifiesta que, a la desmesurada deuda oficial que deja, hay que añadir unos setecientos millones de euros en facturas pendientes. Días después, Cospedal las evalúa en unos dos mil seiscientos millones. El desfase es tan dispar que, si no miente Cospedal, es obvio que Barreda no sabe lo que dice o no dice lo que sabe, es decir, miente con rotundidad. ¿Qué le sucedería a cualquier administrador privado en caso similar? ¿Se conformaría la sociedad gestionada con su cese tras haberla arruinado? Las respuestas son obvias. Sin embargo, al tratarse de un gobernante, en este caso autonómico, los afectados por su pésima gestión –los manchegos de forma directa y el resto de españoles indirectamente- han de conformarse con su obligado cese al perder las elecciones y mantenerlo en activo como jefe de la oposición. Ninguna responsabilidad añadida de tipo personal ante semejante desaguisado, inevitable, por lo visto, a pesar de los distintos organismos fiscalizadores (Tribunal de Cuentas, Intervención, etc) que dan la sensación de actuar al dictado del que manda, convirtiéndose en cómplices del oscurantismo que empaña la credibilidad de nuestra deteriorada economía en el exterior.

Barreda, como única explicación, achaca semejante desfase a la tensión de los días de traspaso de poderes. Es decir, unos dos mil millones de euros que aparecen como deuda en breves días de tensión y que, obviamente, no hubieran aparecido en caso de que dicho traspaso no se hubiera producido. Por lo visto es lo que sucede cuando no hay alternancia política. Chaves, como vicepresidente del Gobierno, expone simplemente que hay herencias buenas y malas, con lo que el problema lo tiene el siguiente gobierno autonómico por haber ganado las elecciones. Es decir, que si no hay alternancia no hay herencia y por tanto no hay ningún problema. Finalmente, Salgado, responsible directa de la economía española, se molesta con la actuación de Cospedal –y no con la de Barreda-, advirtiéndole que debe actuar con prudencia a la hora de hacer manifestaciones públicas que puedan perjudicar nuestra imagen. Es decir, que oculte la caótica ruina económica que le han dejado como herencia para que todo parezca lo que no es. Con semejantes actitudes nos iria mejor si nos gobernara un partido único, que no deja herencias y puede permitirse el lujo de mantenernos a todos en la hinopia. En definitiva, un disparate democrático.

Nadie es responsible de tan nefasta gestión. Nadie, de la ruina económica que ha provocado. Nadie, de la ocultación o engaño al respecto. Desde el señor Barreda –y anteriormente Bono-, pasando por los distintos consejeros económicos, hasta los que conforman las diferentes instancias fiscalizadoras, se lavan las manos, cuando debieran ser susceptibles de sanciones severas, a título personal, por el daño causado y las mentiras u ocultación de datos vertidos sobre el mismo. Pero lo más grotesco es que esta situación se puede generalizar al resto de CCAA y Ayuntamientos, sin que podamos hacer nada para remediarlo. Ni siquiera la actitud de Cospedal –que es digna de elogio- haciendo públicos los catastróficos datos, alivia nuestra desazón, pues para ello sería necesario que su partido, el PP, no sólo actuase así cuando asume la alternancia política, sino también cuando gobiernan ellos, como es el caso de la Comunidad Valenciana, por ejemplo. La solución no pasa por el capricho arbitrario en un concreto lugar y momento determinado, sino por una legislación distinta que exija a todos una verdadera trasparencia, especialmente a los órganos de control, y, en caso de no cumplirla, imponga graves penas personales a los responsables, incluso más severas aún de las que ya existen para el ámbito privado. ¿Están dispuestos a hacerla?. Esa es la cuestión.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena