Tras
la insultante Conferencia de paz de San Sebastián -en la que han tratado a la
ciudadanía española como menor de edad, necesitada de tutelaje internacional
para resolver un conflicto armado inexistente- los asesinos etarras declaran el
“cese definitivo de su actividad armada” que sustituye a su anterior
declaración de “alto el fuego permanente”. Una excelente noticia, como la
anterior, porque mantiene y reafirma el statu quo de cese de la violencia,
existente desde entonces, que, en definitiva, es lo que desea la ciudadanía,
bien definitiva o permanente, ya que, en todo caso, viene a significar lo
mismo. Precisamente por esta sinonimia no se entiende muy bien la euforia
generada por este último comunicado –comparada con la del anterior- al extremo
de que casi todos los dirigentes políticos proclaman la derrota de ETA y el
triunfo del Estado de Derecho. ¡Ojala así sea!. Pero no hay que olvidar que la
declaración procede de personajes tan poco fiables que, en plena negociación
con el gobierno, asesinó de nuevo a personas inocentes de forma traidora y
repugnante, como han hecho siempre para enguarrar nuestra convivencia
democrática. Por tanto, aun recibiendo el comunicado como muy positivo,
convendría ser más cautelosos y prudentes para no generar en los ciudadanos
excesivas expectativas que, en cualquier instante, pudieran tornarse en
lamentables desilusiones. Lo permanente o definitivo, en cualquier momento,
puede dejar de serlo en boca de esta gentuza. ¿Por qué ahora hay que darles
plena credibilidad, si antes nuestros gobernantes siempre pidieron lo
contrario?
Los
dirigentes de los distintos partidos políticos, del gobierno o la oposición,
han coincidido, al menos últimamente, en que la única salida para la debilitada
ETA era su disolución, la entrega del armamento, la petición de perdón a las
víctimas y la puesta a disposición de la justicia. Una derrota en toda regla.
El propio Rubalcaba, siendo ministro de Interior, no dió ningún crédito al
comunicado anterior de “alto el fuego” precisamente porque no iba en dicha
dirección. Todos los demás le apoyaron acertadamente. Pero curiosamente ahora,
al contrario de entonces, todos aplauden el anuncio de “cese definitivo” cuando
el comunicado no va en esa dirección, sino que incluso homenajea a los asesinos
muertos –que no a los asesinados- y presos etarras, únicas víctimas, según
ellos, de la crudeza de una lucha de la que se sienten orgullosos. Ningún
arrepentimiento, ningún reconocimiento de error, ninguna disculpa. Ni siquiera
renuncian a ninguna de sus reivindicaciones políticas, incluida la
autodeterminación, que, obviamente, tienen todo el derecho de plantear, siempre
que lo hagan por vías estrictamente democráticas, es decir en el marco de la
Constitución, que, precisamente rechazaron en su momento a pesar de que,
gracias a ella, fueron amnistiados como presos políticos por sus acciones
anteriores. Sin embargo ahora, siendo los únicos responsables de romper la
concordia constitucional española -y por tanto vasca-, apelan en el comunicado
a una “solución justa y democrática al secular conflicto político” y a que
“frente a la violencia y la represión, el diálogo y el acuerdo deben
caracterizar el nuevo ciclo” en el que “el reconocimiento de Euskal Herría y el
respeto a la voluntad popular deben prevalecer sobre la imposición”. Obviamente
se refieren a la voluntad popular sólo de los vascos, lo que tiene difícil
encaje constitucional. Es decir, ni siquiera
borrón y cuenta nueva para volver a la libertad. Los violentos y
represores seguimos siendo los españoles, incluidos los vascos que no piensan
como ellos, cuya voluntad popular inmensamente mayoritaria jamás respetaron y
siguen sin respetar. ¿Cuál es la solución justa y democrática para ellos? Finaliza
el comunicado con un llamamiento a los gobiernos de España y Francia a un
diálogo directo -es decir, de tú a tú con ellos- para superar “la confrontación
armada” y resolver las “consecuencias del conflicto”. Es decir, que finiquite
la guerra civil, inventada por los ilustres mediadores de San Sebastián, que la
califican como “la última
confrontación armada en Europa”. Ya ven.
Analizando
pues todo el comunicado, no se entiende, salvo que haya cuestiones ocultas de
alta política, que, precisamente cuando ETA está más debilitada, se acepte como
creíble y válido el apartado referente al cese de la violencia, ya incluido en
el anterior comunicado, y se le saque de todo el contexto, cuyas
reivindicaciones en su conjunto debieran al menos plantear bastantes incertidumbres
y recelos. ¿Es qué se van a aceptar todas las reivindicaciones? ¿cuántas de
ellas? ¿Es que se les va a exigir la disolución, la entrega de armas, el perdón
a las verdaderas víctimas y la puesta a disposición de la justicia? ¿todas
ellas? ¿cuales sí y cuáles no? Cuando se despejen, entre otras, dichas
incógnitas será cuando se pueda hablar o no del triunfo del Estado de Derecho,
en este caso de dos, el español y el francés, frente a una banda de asesinos.
Entretanto sólo cabe la cautela y la prudencia. Y la unidad de todos los
demócratas, de todos los partidos democráticos, frente a errores cometidos en
el pasado que sólo sirvieron para prolongar este calvario insoportable. Para
ello conviene no confundir el deseo con la realidad. El comunicado de ETA, dice
lo que dice y no lo que todos quisierámos que dijera. De momento sólo ha
servido para priorizar en el debate electoral un problema que había quedado muy
lejos entre las principales preocupaciones de los ciudadanos. ¿No estaba ya ETA
derrotada? A tenor del comunicado, da la impresión de que no.
Fdo.
Jorge Cremades Sena
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