Ni
es la primera vez, ni será la última, que un juez es procesado. Como cualquier
otro ciudadano -¡faltaría más!- ha de someterse a la Justicia si, ante una
acusación de comisión de un posible delito, hay claros indicios de que está
implicado y es imputado por ello. Es lo normal en cualquier país democrático,
menos en el nuestro. Lo pone de manifiesto el alboroto callejero y mediático
surgido tras los procesos abiertos al juez y político Baltasar Garzón, quien,
con las mayores garantías, comparece ante el Tribunal Supremo como aforado para
defenderse de acusaciones interpuestas contra él. En definitiva, tres causas
abiertas por unanimidad por la Sala Penal del Supremo que le imputa presuntos
delitos de prevaricación y cohecho. Tres procesos que, como todos los demás,
juzgarán sobre la culpabilidad o inocencia del imputado. Es improcedente
menospreciar a los demandantes y a sus intenciones, así como ensalzar al
demandado y a su trayectoria. Arremeter contra el juzgador, intolerable. En un
Estado de Derecho, como es el caso, se ampara a todo ciudadano, por abominable
que sea o parezca a algunos, en su derecho a interponer las demandas que
considere oportunas, al igual que al de defenderse de ellas con arreglo a la
ley. El juzgador no juzga trayectorias personales ni actitudes morales o
ideológicas, sino hechos concretos denunciados. Trata de saber si el imputado,
en este caso Garzón, actuó de acuerdo a la legalidad o no, pero sólo en los
casos que se juzgan y al margen de lo honorable que sea o parezca el personaje
o su trayectoria. Lo contrario es propio de una Justicia totalitaria y
dictatorial, especialmente si lo hace el TS, único órgano jurisdicional con
jurisdicción en todo el territorio y tribunal superior en todos los órdenes,
incluido el penal, salvo lo dispuesto en materia de garantías y derechos
constitucionales que compete al Tribunal Constitucional. El TS pues concluirá
si Garzón prevaricó, erró o acertó en su actuación.
Sin
embargo algunos personajes con cierta proyección mediática, tergiversando los
hechos, presentan el proceso a Garzón como “el juicio de la vergüenza” que
pretende impedir la investigación de los crímenes franquistas y favorecer a los
corruptos frente a sus perseguidores. Autodenominándose “progresistas” y
agrupándose en torno a una pintoresca plataforma, “Solidarios con Garzón”,
tachan al Tribunal Supremo como “un instrumento del fascismo español…aliado de
la corrupción y de la extrema derecha” y, erigiéndose en jueces supremos al
estilo fascista, concluyen que “Garzón es inocente, diga lo que diga el
Tribunal Supremo” y le declaran “la última víctima del franquismo y la primera
del Gürtel”. Todo un ejemplo de democracia por su respeto y acatamiento a las
instituciones democráticas que nos hemos dado. ¿Qué irregularidades ha cometido
el Supremo para merecer trato tan vejatorio? Tan insignes personajes no
denuncian ni una sola, se limitan a descalificarlo de forma genérica sin ningún
argumento concreto. Ocultan que lo que se juzga es si Garzón prevaricó en su
actuación en el proceso que inició por la desaparición de personas durante la
guerra civil y el franquismo, cuando antes rechazó hacerlo sobre lo acaecido en
Paracuellos con sólidos argumentos que ahora no contempla. Saben que no se le
juzga por perseguir los crímenes franquistas, sino por no hacerlo presuntamente
con arreglo a la legalidad vigente. Ocultan que lo que se juzga es si prevaricó
al autorizar escuchas de las conversaciones en prisión entre imputados por el
“caso Gürtel” y sus abogados, vulnerando el derecho fundamental a la defensa.
Saben que no se le juzga por perseguir a los corruptos, sino por no hacerlo
conforme a derecho, lo que puede incluso beneficiarles si se anula lo actuado
de forma incorrecta. Nada dicen sobre la presunta prevaricación y cohecho por
la financiación de las actividades de Garzón en Nueva York, nada por inadmitir
sin abstenerse una querella interpuesta a uno de sus financiadores, el señor
Botín. Nada de nada sobre este caso que, obviamente, tiene menos encaje que los
otros para manipularlo políticamente.
Es
intolerable que, con comportamientos tan fascistoides, estos individuos, por
muy progresistas que se autodeclaren, acusen de fascista incoherentemente al TS
y, por tanto, al actual Estado español, que, en caso de serlo mínimamente, no
les permitiría semejantes libertades tan indecentemente usadas. ¿Quieren que el
TS desestime las demandas interpuestas, si en ellas hay indicios de delito, por
ser el demandado tan ilustre personaje? Eso es precisamente lo fascista. ¿Dudan
de las garantías de su defensa teniendo Garzón muchos más recursos para ello
que cualquier otro ciudadano normal? ¿Acaso no le han aceptado incluso la
recusación de una decena de magistrados en dos tribunales distintos? ¿Se ha
vulnerado alguna de sus garantías procesales? Si es así, dígase y denúnciese.
Si no es así, proclamen la confianza en un veredicto justo de inocencia o
culpabilidad conforme a derecho que habrá que acatar. ¿O es que tienen previas
dudas de culpabilidad y por ello anticipan tan impresentables algaradas?. No se
entiende que estos personajes hayan hecho mutis por el foro en tantos casos
juzgados por el TS en democracia, gobernando el PSOE o el PP, y ahora irrumpan
en el escenario de la demagogia con tanta virulencia. Menos aun cuando algunos,
como profesionales del derecho, han sido y son parte del Sistema Judicial. Y es
totalmente incompresible que lo hagan miembros destacados del PSOE sin
sonrojarse por no haber denunciado o eliminado el supuesto fascismo que ahora
denuncian cuando gobernaron incluso con mayoría absoluta. Que se sume a la
farsa la señora Chacón, ministra de Defensa antesdeayer y aspirante a
Presidenta de Gobierno pasado mañana si su partido no lo impide, no merece
calificativo, refleja el sentido de Estado que tiene el personaje -¿o se dice
personaja?-. No obstante, lleva razón al decir que “algo falla en este país”,
el problema es que no se entera o no quiere enterarse de lo que está fallando.
Fdo.
Jorge Cremades Sena
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