Mientras que las víctimas del “loco del
chándal”, recientemente excarcelado, dicen con razón que es “una bomba para la
sociedad” y la Fiscalía estudia activar protocolos de prevención contra los
violadores excarcelados, una verdadera bomba amenaza con enterrar entre las
sombras al partido del gobierno y, por ende, al mismísimo Rajoy. El juez Ruz,
que investiga la famosa trama Gürtel, ve indicios de que el PP pagó en “B” las
obras realizadas en su sede central, según los documentos del arquitecto que
hizo las reformas ya que, al parecer, prueban que su pago fue en negro. Según
el juez, aunque todavía a nivel indiciario, se confirmaría una presunta “corriente
financiera de cobros y pagos continua en el tiempo al margen de la contabilidad
remitida al Tribunal de Cuentas”. En “román paladino”, una contabilidad “B” en
toda regla. Un asunto que, por cierto, a nadie coge de sorpresa ya que casi
todo el mundo cree que es la forma habitual que tienen los partidos políticos de
financiarse, pero que, a base de desmentirlo sus dirigentes, les deja con el
culo al aire, si se demuestran los hechos, simplemente por sus mentiras,
indignas de cualquier gobernante. Rajoy, por ejemplo, ha mantenido, por activa
y por pasiva, ante el mismísimo Parlamento, que “en el PP no se ha llevado una doble
contabilidad” en contradicción con lo que ahora parece que puede demostrar el
juez Ruz. Por si acaso, el mismísimo Pons, nada más conocer la noticia, se ha
apresurado a manifestar que en el PP son “tan honrados como todos”, una hábil manera
de sugerir que en todos los sitios cuecen habas, pero inútil para sacar de las
sombras de la duda la veracidad o mentira de las palabras de su presidente. De
momento, no extraña pues que Rubalcaba se apresure a exigir una comparecencia
de Rajoy y que Cayo Lara exija su inmediata dimisión, dando ya por probados los
hechos que investiga Ruz… Como diría Pons, son tan exigentes con la
trasparencia como todos, sobre todo, si se trata de la trasparencia de los
demás, pero que, en este caso a quien se la exigen es a Rajoy. En fin, el tiempo y el juez Ruz, dejarán el
asunto en su sitio, como debe ser, pero, si aplicar el “mal de muchos, consuelo
de tontos” puede valer para difuminar lo que es “vox populi” sobre la
financiación de los partidos políticos, no difumina, bajo ningún concepto, las
presuntas mentiras del presidente del Gobierno que, en caso de demostrarse,
debiera presentar inmediatamente su dimisión, pues, incluso aceptando la tesis
de Pons de que es el “único partido que puede sacar a España de la crisis”, no
tiene por qué hacerlo bajo la batuta de un mentiroso. Alguien habrá, como en el
resto de partidos, limpio de polvo y paja, al menos de momento, para tomar el
testigo.
Entretanto cabe dejar a Ruz que continúe sus
investigaciones, como a Anticorrupción que siga pidiendo una investigación sobre
Canal Sur, y a siete empresas públicas andaluzas más, por haber recibido
subvenciones por un procedimiento similar al de los ERE, así como otros tantos
asuntos sobre lo que algunos llaman “irregularidades”. De entrada, como dice el
Director General de la Agencia Tributaria en plena polémica por Cemex (“nunca
ha habido injerencias políticas en la Agencia…o “jamás he dado instrucciones
para tratar mejor a una empresa”), todo se ajusta a la normalidad de forma
escrupulosa, aunque, al final, se demuestre todo lo contrario. Bueno, no
siempre… ¡para que llevarnos a engaños!
Quien parece dispuesto a no caer en engaños es el Eurogrupo
que tiene serias dudas de que tanto España como Italia puedan cumplir el
objetivo de déficit, por lo que el Gobierno español, para hacerlo más creíble,
se pliega a las exigencias, como no podía ser menos (bueno para la oposición,
sí, hasta que llegue al gobierno), y promete revisar la reforma laboral, endureciéndola,
tal como se le pide, para ahorrar 2.500 millones de euros. Cabe preguntarse si,
tal como está el patio, no es posible ahorrar con otro tipo de medidas u otras
reformas, como, por ejemplo, endureciendo la persecución contra el fraude
fiscal, reduciendo empresas públicas obsoletas, cargos públicos, asesores, etc
etc… Buscar siempre el dinero entre quienes menos tienen, entre los
trabajadores y sus condiciones de trabajo, es una permanente inmoralidad. No
extraña que, tras la reciente huelga de la limpieza en Madrid, ahora sean los
encargados del alumbrado público quienes amenazan con un paro indefinido que,
de hacerse antes de que salga la nueva ley de servicios mínimos, me temo que
Madrid pasara de la más insoportable inmundicia a la más inquietante oscuridad.
Entre
las sombras que se ciernen sobre Rajoy y las de Madrid no acabamos de ver la
luz al final del túnel. Nos queda oscuridad para rato.
Jorge Cremades Sena
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