jueves, 6 de febrero de 2014

SUELDO A LA REINA Y A LA PRINCESA

                        En un país pródigo en críticas y tacaño en exigir soluciones a los problemas, todo, absolutamente todo, puede convertirse en problema irresoluble. Al final bla, bla, bla, sobre lo divino y lo humano para que todo siga igual. El último de los asuntos polémicos es la decisión del Jefe de Estado, es decir, el Rey, de asignar una cantidad fija, a modo de sueldo, tanto a la Reina, su esposa, como a la Princesa, su nuera, detraída de la asignación presupuestaria de la Casa Real. En definitiva, 131.000 euros anuales para doña Sofía y 102.000 para doña Leticia, que, según conviene a cada cual, se vende ante la opinión pública como un ejercicio de trasparencia por parte del monarca o como un nuevo gasto, inexistente hasta ahora que gravará más aún el bolsillo de los españoles. Ni tanto, ni tan calvo. Teniendo en cuenta que no supone mayor asignación a la Casa Real, sino una mayor claridad en la distribución de los fondos globales asignados, supone, en cierto grado un cierto avance hacia la trasparencia; pero, teniendo en cuenta que la Monarquía española es la menos costosa de toda la realeza europea, no supone un gasto excesivo para los ciudadanos, aunque, desde luego, algo más de los 16´6 céntimos anuales a cada español que calculan algunos, ya que muchos gastos no están incluidos en la asignación global directa y van a cargo de determinados ministerios. En todo caso, que se sepa exactamente el “sueldo” de cada miembro de la Casa Real, sacándolo de la arbitraria decisión temporal del monarca es, a mi juicio, algo positivo que no debiera provocar críticas interesadas, al fin y al cabo, según la última encuesta del CIS, por más que algunos se empeñen en magnificarlo, la Monarquía es motivo de preocupación sólo para el 0´6% de los españoles.
            Mayor preocupación tiene el paro que para el 78´5% sigue siendo la primera preocupación de los españoles, cuando sólo hace un trimestre lo era para el 77%, lo que supone que los altibajos en los últimos tiempos, suponen ciertas incertidumbres, que nublan las promesas del gobierno de que estamos al final de esta lacra. Por más que determinados datos comparativos nos hagan albergar ciertas esperanzas, el hecho de que los cotizantes hayan descendido en enero en 184.000 personas y que el paro registrado aumente en enero en 113.097, es lo suficientemente preocupante por más que la cifra sea la menor subida de desempleados en un mes de enero desde el 2007. El tiempo se agota para que el gobierno reafirme la validez de la polémica reforma laboral, exigida por la UE y denostada por los sindicatos, que alienta a la oposición para tacharla de inútil y sólo válida para restringir los derechos de los trabajadores.
            Y, por supuesto, creciente preocupación sobre la corrupción y el fraude que sigue siendo la segunda preocupación para el 39´5% de españoles, frente al 37´6% anterior. Un problema endémico que parece que estemos resignados a soportar sin visos de solución. No es para menos ya que en este momento varios casos, como casi en cualquier otro momento, ocupan la atención mediática. Mientras la policía afirma que Álvarez Cascos cobró sobornos en concepto de comisiones de la trama Gürtel, aunque otros lo nieguen y digan que no se trata de él, la jueza Alaya destapa otra gran mordida sindical, concretamente de UGT y CCOO, a base de subcomisiones por la gestión de los ERE, el juez correspondiente cita a Blesa como imputado en el caso de las preferentes, la mismísima Infanta Cristina se dispone a comparecer como imputada en los juzgados de Mallorca en el caso Urdangarín. Irregularidades cuando no delitos flagrantes de raíz económica por parte de personajes pertenecientes a todos los estamentos institucionales, que, por si fueran insuficientes, van acompañados de conductas impresentables por parte de personajes públicos, como la supuesta falsedad de Pilar Rahola sobre su curriculum (diciendo que era doctora en Filología) o la de la presidenta de la AVT mediando ante Interior para hacer pasar por víctima a su número dos, que evidencian en definitiva la degradación moral de una sociedad enferma. No en vano, según la Comisión Europea, los corruptos se quedan en España con el 25% del dinero de las contratas, recelando que el 97% de los empresarios han detectado corrupción en las administraciones públicas. Para colmo, el presidente de Bankia prevé que vuelva a manos privadas en 2016, pero no aclara si el Estado (es decir, todos los españoles) recuperará los 22.000 millones de ayudas para su rescate. ¡Cómo para no estar preocupados por la corrupción y el fraude!
            En cuanto al problema independentista, mientras el TSJ pone como ejemplo de bilingüismo a dos colegios de Barcelona, mientras se produce nuevo desacato de Mas a una sentencia lingüística y una nueva petición de préstamo al Estado, mientras el Vaticano desmiente al abad de Monserrat sobre el apoyo a un hipotético estado catalán independiente, Santamaría escenifica el diálogo con Cataluña, reuniéndose durante dos horas con Durán, y la nueva lideresa de los socialistas andaluces, Susana Díaz, ofrece a Mas una salida al desafío soberanista, consistente en mejorar la financiación de Cataluña, reconocer su singularidad y reconvertir radicalmente el Senado. En fin, como ven, toda una parafernalia que no nos lleva a ninguna parte. ¡Cómo si la singularidad catalana, con más competencias que los landers alemanes, no estuviera más que reconocida! ¡Cómo si sólo hubiera que mejorar la financiación de Cataluña y no, en todo caso, la del resto de CCAA! Entretanto, en el País Vasco, los familiares de etarras aleccionarán en los colegios contra la “represión policial” que el gobierno vasco equipara a los damnificados por ETA dentro del plan de “Paz y Convivencia”, mientras que vocales del CGPJ rechazan el Estatuto de las Víctimas porque “compromete la reinserción” de los presos. Sin comentarios.
En fin, un país de despropósitos en el que no debe extrañar que la Audiencia de Madrid avale las protestas o el escrache (según se mire) en los domicilios particulares, declarando legal el protagonizado en el domicilio de la vicepresidenta del gobierno, al considerarlo como “un mecanismo de participación democrática”, mientras que la policía prepara un dispositivo especial por si la Infanta decide ir andando al juzgado para declarar. ¿No debiera ser el domicilio más susceptible de protección a la intimidad que la calle? ¿Rodear la vivienda privada para recriminar al morador es “participación democrática” y hacerlo en la calle al paso del sujeto no lo es? Nadie entiende nada.
Que las primas a energías renovables hayan costado más de 50.000 millones al consumidor, que la mortalidad a consecuencia del cáncer haya bajado un 13% en la última década, y otros tantos asuntos de trascendencia general, son eclipsados por cuestiones como el pulso entre Cospedal y Arenas por controlar el PP andaluz, los problemas internos del PSOE, o vaya usted a saber por qué otro asunto. Lo lógico es que, como dice el barómetro del CIS, aunque el PP ganaría las elecciones con un 32´1% (frente al 34% del anterior trimestre) y el PSOE siga siendo incapaz de remontarle al estancarse en el 26´6% (frente al 26´8% anterior) y aunque IU repita con su 11% y UPyD suba del 7´7% al 9´2%, lo que realmente sube es la abstención que se sitúa en límites preocupantes, avalando lo que ya sabemos, que la gente está hasta las narices de tanto vividor, de tanta ineficacia y de tamaña incapacidad. Y, cada cual en su mundo, casi nadie quiere verlo.


Jorge Cremades Sena