martes, 4 de noviembre de 2014

UN ESTADO VASCO INDEPENDIENTE

                        No se alarmen, aunque todo se andará. El caso es que, en este pintoresco país en que vivimos, España, casi todo es posible. En pleno desafío de Artur Mas y compañía al Estado de Derecho y a pocos días de la mascarada del 9-N, un pueblo vizcaíno, Arrankudiaga, de 920 habitantes, se le anticipa y celebra una consulta, sin que nadie lo cuestione. Como lo oyen, pues una asociación privada de antiguos altos cargos de PNV y Bildu, quieren saber si los residentes en dicho municipio prefieren ser ciudadanos de “un Estado vasco independiente”. No me explico por qué no dan un paso más y, ya puestos, no les preguntan si quieren que Arrankudiaga se convierta en un Estado propio independiente; puestos a quitarnos ataduras y a hacer barbaridades en vez de lo que se debe hacer sería lo más honesto. En fin, es el aperitivo de esta especie de bacanal independentista anunciada para el 9-N que, probablemente, sea suspendida por el TC a quien tanto el Gobierno como la Generalitat han recurrido para que se pronuncie en un sentido u otro, pero con una sustancial diferencia a la hora de acatar o no el veredicto. Por si acaso, la Universidad de Gerona quiere retirar el “honoris causa” a una de las magistradas de tan alto tribunal que, si admite el recurso gubernamental interpuesto, invalida la farsa, como hizo anteriormente, y, en ese caso, Mas cedería el 9-N a grupos civiles para que continúen la movida en vez de, como gobernante y principal autoridad del Estado en Cataluña, ponerse de parte de la ley para impedirlo. Siempre le quedará el argumento de que si las principales autoridades de Arrankudiaga no lo han hecho por qué ha de hacerlo él. Entretanto se deja llevar por la campaña “Votaré por ti” que, con todo tipo de apoyo oficial, ha montado la ANC para que los líderes del proceso independentista salgan en televisión y bajo tan democrático lema (se supone que a la hora de votar cada uno votará por sí mismo) muestren fotos de figuras culturales y políticas catalanas ya fallecidas, obviamente todas ellas independentistas pues las demás figuras históricas catalanas, incluidas las que, como en el resto de España, apoyaron el franquismo, son borradas automáticamente de la memoria histórica. En todo caso, sin ningún tipo de control democrático, en la farsa del 9-N no es extraño que puedan votar hasta los muertos o que alguien vote por ellos.
            En lo que respecta a la corrupción, arranca la comisión que investigará a los Pujol, mientras Oleguer tiene veinte días para pagar 1.428 millones de una hipoteca por la compra de oficinas del Santander, en tanto que la UDEF ve blanqueo en la compra que hizo de otras 97 oficinas de Bankia por 96 millones de euros. A este paso, si nos descuidamos, el bueno de Oleguer se hace con todas las oficinas bancarias del país. Menos mal que Marta Ferrusola y sus hijos, que visitaban cada mes los bancos de Andorra, ya no podrán hacerlo con escolta como antes, obligando incluso a mediar a la embajada española para que los Mossos pudieran entrar armados en el Principado. Ahora, mientras el juez Ruz pide datos a Londres sobre la pista de esquí de Jordi Pujol Ferrusola (como ven tienen de todo y no se privan de nada), Antifraude alerta de la presencia de “mercenarios” británicos en la millonaria ampliación del Port Vell ya que puede haber dinero opaco ruso tras el proyecto estrella de Trías para Barcelona. Y es que, tal como está el patio, cualquiera se fía ya de nadie. Es lo que han debido pensar los empresarios que, al igual que el resto de los mortales, suspenden a los políticos por la corrupción, achacando el suspenso a los escándalos que han disparado las expectativas de Podemos. Y lo grave es que los hechos lo avalan de alguna manera, pues, motivos para suspenderlos es, entre otros tantos, que Granados y su socio repatriaran cuatro millones en 2007 desde Singapur, simulando la compra de obras de arte, que adjudicara a su testaferro el alquiler de los juzgados de Valdemoro o que, dentro de la Operación Púnica, hasta hayan pillado a un alcalde (el de Serranillos) llevándose documentos del Ayuntamiento a su casa. No extraña que una avalancha de llamadas y correos de ciudadanos den datos a la UCO sobre otros supuestos fraudes, mientras la Guardia Civil sigue haciendo más detenciones de empresarios y políticos. Lo extraño es que los empresarios, cuando suspenden a los políticos con toda razón, olvidan que por cada uno de los políticos corruptos hay uno o más empresarios que participan de las fechorías.
            Tampoco extraña que tanto el PP y el PSOE, acuciados por las circunstancias y el imparable ascenso de Podemos, se movilicen contra la corrupción y anuncien medidas de regeneración que, en todo caso, no entrarían en vigor hasta la próxima primavera. Lo que extraña es que no lo hagan conjuntamente y de forma urgente, o, menos aún, que el PP, por boca de Cospedal, piense que poco más se puede hacer añadiendo que “nosotros no podemos meter a la gente en la cárcel”. Cierto, son los jueces quienes han de hacerlo, pero la lideresa popular olvida que con su mayoría absoluta sí se puede hacer cosas como evitar que determinados delitos prescriban, que se endurezcan las penas, que se cumplan en su totalidad, que se agilicen los procesos, que se inhabilite el ejercicio público de cualquier imputado…. y tantas y tantas otras cosas que, al menos, consigan que a los delincuentes les salga muy caro delinquir. Al final, como dice Almunia, es cierto que “el 99´9% de los políticos españoles no ha tenido tarjetas opacas” y que “la antipolítica y el populismo se dan en muchos países”, pero la diferencia está en cómo se tratan estos asuntos en los demás países, ya que aquí, siendo no tantos los corruptos, dan la sensación de que lo son todos, al extremo de que ni la propia Pantoja, a punto de entrar en la cárcel por el famoso caso Malaya (el mayor saqueo de Marbella), al conocer el castigo “ejemplar” que la lleva a entrar en prisión dice: “Que pena, no lo entiendo”. Habrá que explicarle, como dice el tribunal, que se trata de “un demoledor ataque a la sociedad democrática” y como cualquier otro no puede haber excepción alguna por más que sus fans prefieran explicarlo como un ataque a la diva. Es justo lo que hacen los compañeros de partido cuando se trata de casos de corrupción en sus filas.
            Y, como entre unas cosas y otras, PP y PSOE se hunden en las encuestas, si ayer era el popular Monago quien decía que él sí pactaría con Podemos, que sigue subiendo, hoy es el socialista Pedro Sánchez quien no descarta llegar a “pactos puntuales” con la formación de Pablo Iglesias o con cualquier otra, siempre que no sea con el PP, matizando que el PSOE representa el “cambio seguro” frente “al vacío de las fuerzas extremas”, pidiendo blindar la política frente a la corrupción y abogando por una reforma federal de la Constitución. Sin tener claro si en esa futura Constitución Federal cabrá o no el estado independiente federado de Arrankudiaga, nadie entiende que excluya al PP, sí o sí, de cualquier acuerdo pensando que ese cambio seguro frente al vacío de los extremismos se puede hacer con acuerdos con los partidos extremos a los que no descarta como posibles compañeros, puntuales o no, del viaje.
            En otro tipo de asuntos, mientras Hacienda rastrea tres millones de hogares para otro “catastrazo”, con el fin de sacar más pasta a toda costa (áticos cerrados, piscinas, garajes, trasteros y todo tipo de obras ilegales para que los ayuntamientos recauden más por la revisión del IBI), Rajoy intenta calmar la rebelión de sus barones prometiendo más dinero, los empresarios ofrecen un plan para recortar drásticamente el paro con más reformas, para que en cuatro años se sitúe el desempleo en el 11%, y el Consejo de Competitividad dice que hay casi dos millones de trabajadores en economía B. Y, mientras algunas clínicas abortistas son denunciadas por tirar a la basura documentos con los nombres de sus pacientes, en España se da el primer caso de reconocimiento de una importante discapacidad por estrés postraumático de un alumno a causa del acoso escolar. Ya era hora.
            Entretanto, la ONU avisa de que no hay recambio para la Tierra si sigue la emisión nociva de gases, alertando de que es vital reducir las emisiones al 70% en 2050. Y, mientras los hispanos, que auparon a Obama a las alturas, ahora le abandonan y, según las encuestas, se abstendrán en las legislativas, el Presidente de Colombia dice que “hay que poner fin al conflicto con las FARC de una vez por todas” y la Comisaria Europea Federica Moguerini anuncia decidida que su “objetivo es que haya un Estado Palestino en cinco años”. Que, al menos, no sea por no tener buenos propósitos, aunque del dicho al hecho haya mucho trecho.


                                               Jorge Cremades Sena