Se
cumplieron las previsiones y Xavier García Albiol será el candidato del PPC a
la presidencia de la Generalitat de Cataluña en las elecciones del 27-S en
sustitución de Alicia Sánchez Camacho, mientras la número dos de la lista será
la abogada Andrea Levy. Rajoy confía pues a Albiol, ex alcalde de Badalona con
gran éxito, evitar la debacle del PP en Cataluña siempre que sea capaz de
frenar la fuga masiva de votos populares a Ciudadanos, que vaticinan las
encuestas. No en vano, el 37% de votos del PP se fueron a C´s y para detener
dicha hemorragia, las encuestas internas situaban a Albiol como la mejor opción
para movilizar al electorado “españolista” ya que, entre el trasvase a C´s y la
abstención, el partido ha perdido 233.000 votos respecto a 2012, una debacle
en toda regla que se espera paliar con el “efecto Albiol”, para algunos, un
fuerte giro a la derecha en vísperas electorales, con un candidato de perfil duro,
desalojado de la alcaldía de Badalona merced a un pacto antinatura de toda la
oposición tras haber vuelto a ganar las elecciones, sacando incluso más votos
que en los anteriores comicios, a gran distancia del resto de partidos. Como
líder indiscutible del sector más antinacionalista, de verbo fácil y
contundente, es, sin duda, el mejor de los candidatos posibles en tan precarias
circunstancias, al extremo de que la propia Alicia Sánchez Camacho ha
justificado su sustitución por la necesidad de disponer “de una candidatura de
renovación capaz de hacer llegar nuestro mensaje con toda claridad a la
sociedad catalana”, que, tal como está el PP, buena falta les hace. Por otra
parte, Isabel Bonig, considerada también como del “ala dura”, ha sido designada
nueva presidenta del PP de la Comunitat Valenciana hasta el congreso de 2016 y
portavoz parlamentaria en Les Corts en lugar de Alberto Fabra, elegido senador
territorial, quien apostaba por María José Catalá y quería tutelar la sucesión
hasta 2016, viéndose forzado por Génova a dar el relevo a Bonig ante la inminencia
de las elecciones generales, en tanto que se conoce que la Generalitat
Valenciana triplicó el déficit antes de las pasadas elecciones.
Entretanto, mientras
Rajoy advierte de que España está “en primera línea” frente al terrorismo,
Cristina Cifuentes dice que “sin las políticas del PP los españoles estaríamos
en la pobreza”, insta a su partido a “salir a la calle a explicar lo que se ha
hecho” frente a un PSOE “abrazado al radicalismo” y advierte de que “no es
bueno para España que gobierne Podemos; son caóticos”
Por otro lado, la
Junta de Castilla-La Mancha declara la guerra al cementerio nuclear de Villar
de Cañas, nada más conocer el visto bueno para su construcción, poniendo en pie
de guerra al pequeño pueblo manchego con su alcalde popular a la cabeza. En
efecto, el gobierno del socialista Page, decide proteger la zona como espacio
natural, bloqueando así el cementerio de residuos que supondría una inversión
millonaria en un pueblo de 476 habitantes, que en su mayoría piden al PSOE que
no frene el almacén nuclear.
En cuanto a otros
asuntos cabe destacar que el Gobierno cierra una subida del 1% en el sueldo de
los funcionarios; que Carmena paraliza más de 2.000 desahucios, al detener la
venta a fondos buitre de 2.086 viviendas sociales sobre las que pendía la
expulsión desde hace un año; que Competencia multa con 171 millones a 21 marcas
de coches; que la madre que tiró a su bebé a la basura entregó otro a unos
desconocidos hace dos años; y que se dan las primeras sanciones de la “ley
mordaza”, siendo multado con entre 100 y 600 euros un ciudadanos por llamar “casta
escaqueada” a la Policía de su pueblo…. y es que eso de la “casta” trae cola.
Y en noticias del
exterior, mientras la ONU (en la cumbre de España) quiere que Twitter y
Facebook luchen contra el yihadismo, y mientras el consejo asesor de Merkel
recomienda aún la salida de Grecia del euro, la Fiscalía del Tribunal Supremo
griego ha transferido al Parlamento de Grecia una demanda contra el ex ministro
de Finanzas Yanis Varoufakis por su “actuación durante la negociación” con los
acreedores, que según los demandantes, podría constituir un delito de “alta
traición”, siendo así la Cámara la que deberá evaluar tan escabroso asunto.
Jorge Cremades Sena
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