Mientras
los partidos políticos piden a PP y PSOE abrir el debate constitucional
(Ciudadanos apoya el inicio del diálogo, Podemos critica la exclusión del
derecho de autodeterminación y los nacionalistas se muestran escépticos), PP y
PSOE, imprescindibles para emprender cualquier cambio de calado importante,
pactan los límites de la reforma constitucional, coincidiendo el Presidente del
Gobierno y el de la Gestora socialista en fijar el alcance de los hipotéticos
cambios para evitar una revisión total de la Constitución, pues, abierto el
melón sin predeterminar los límites pudiera acarrear serios problemas a la
estabilidad democrática en nuestro país. Y entretanto, mientras, según GAD3 el
76% de los españoles están orgullosos de pertenecer a la UE y el 68% cree que
España debe incrementar su influencia en Bruselas, según NCReport el PP, en
caso de celebrarse elecciones generales en estos momentos, lograría 14 escaños
más que PSOE y Podemos juntos un año después de las elecciones del 20-D,
afianzándose como la fuerza más votada con 159 escaños (36 más que en 2015),
mientras la crisis interna del PSOE le haría perder 17 diputados y quedarse a
un escaño del pretendido “sorpasso” de Podemos, que aguanta sus resultados,
mientras Ciudadanos retrocedería nueve escaños; en definitiva, el PP volvería a
ganar ampliamente las elecciones con el 36´9% de los votos obteniendo entre 154
y 159 escaños, seguido de Unidos Podemos con el 21´2% y entre 67-72, del PSOE con el 19´3% y entre 69-73, y
Ciudadanos con el 11´6% y entre 27-31 escaños, lo que, en el peor de los
supuestos daría 181 escaños a una hipotética coalición de gobierno
PP-Ciudadanos, pudiendo llegar, en el mejor de los supuestos nada menos que a 190
escaños, en ambos casos, mayoría absoluta para gobernar. Pero, como
siempre, hay que señalar que sólo se trata de encuestas, aunque, no obstante,
las diferentes cúpulas de los distintos partidos políticos tomarán buena nota
al respecto si quieren rectificar determinadas estrategias de cara al futuro
pues, aunque la legislatura acaba de empezar, la inestable composición actual
del Congreso de los Diputados para la gobernabilidad invita a creer que pueda
haber un anticipo electoral a partir de mayo,
salvo que haya una seria intención de pactos por parte de los diferentes
grupos parlamentarios que garanticen la estabilidad del Gobierno.
De
momento los distintos partidos andan enredados en sus trabajos internos de cara
a sus respectivos congresos. Mientras Rajoy pretende renovar el PP antes de
mayo, por si acaso, Rivera lamina la contestación interna en los estatutos de
Ciudadanos, estipulando en el nuevo texto como muy grave y con riesgo de
expulsión “la creación o participación en corrientes de opinión contrarias a
los intereses del partido”; asimismo Iglesias exige la disolución de las
corrientes en Podemos, advirtiendo ante Errejón de que después del congreso del
partido los sectores críticos tendrán que apoyarle sin fisuras y forzando
modificaciones en la organización del cónclave para convertirlo en un acto de
proclamación del líder, mientras Errejón defiende la “diversidad” de la
formación y sólo pacta con Iglesias las fechas del congreso y quienes lo
organizan, llegando a un pacto de mínimos al respecto con Iglesias a puerta
cerrada y consiguiendo rescatar de momento al fulminado Sergio Pascual y tres
puestos en el Consejo; y por su parte barones socialistas piden a Susana Díaz
pactar con los críticos para evitar primarias y conseguir una candidatura única
que esquive una nueva guerra interna y entre la militancia, mientras Zapatero
bendice a la presidenta andaluza diciendo que “representa la fuerza para
ganar”. Y mientras la Vicepresidenta Santamaría sostiene que negociará todo con
Puigdemont excepto el ilegal referéndum (como es lógico y obligado), Forcadell
niega haber desobedecido al Constitucional, mientras que, unidos por el
chantaje, los consejeros, alcaldes y dirigentes independentistas se atribuyen
la representación de Cataluña y sostienen ante las puertas del Tribunal que el
procesamiento a Forcadell es un ataque a la democracia, mientras ella sostiene,
elevando el desafío, que el Parlament debatirá la independencia (asunto que
nadie le ha prohibido ya que se la juzga por dar carta blanca a medidas
concretas ilegales para conseguir la independencia, que no para debatirla), en
tanto que Miquel Roca advierte de que “el catalanismo pierde si se identifica
con la desobediencia”.
Por
su parte los sindicatos, que han perdido más de un millón de afiliados, inician
sus movilizaciones ya que sus líderes consideran que es la hora de la protesta
social, pues tanto Toxo como Álvarez aseguran que es el momento de salir de
“posiciones defensivas” y movilizarse para lograr el fin de la reforma laboral
y la subida de salarios.
Y en lo que se
refiere a otros asuntos cabe citar que el contrabando se dispara en Ceuta; que
el ministro de Energía, Álvaro Nadal, sostiene que “con las renovables hubo
precipitación por ideología e intereses”; que la Guardia Civil impide otra
“escenificación” de entrega de armas de ETA al detener en Francia con el apoyo
de la policía francesa a cinco personas y requisar gran cantidad de armas y
explosivos; y que la nueva ley antibotellón prevé controles de alcoholemia a
menores por lo que la policía llamará a los padres de los chavales que den
positivo y serán obligados a acudir en familia a cursos de sensibilización
sobre la bebida.
En cuanto al
exterior cabe destacar que, mientras Obama promete represalias contra Rusia por
interferir en la campaña electoral, creyendo que Putin está detrás del
ciberataque, en la UE hay inquietud por la creciente injerencia por parte de
Rusia, creyendo Bruselas que el Kremlin quiere socavar la cohesión de la Unión.
Por su parte el Papa, que cumple 80 años con ganas de continuar la renovación
(declara que no renunciará pese a su edad como hizo su antecesor), media entre
Santos y Uribe, reuniéndose con ellos para intentar acercar posturas tras el
acuerdo con las FARC. Y entretanto se desencadena un verdadero caos en
Venezuela por la escasez de efectivo a base de saqueos, disturbios y protestas
que obligan a Maduro a dar marcha atrás en su plan para retirar de circulación
los billetes de 100 bolívares (el 70% del efectivo del país) iniciado el
jueves.
Jorge Cremades Sena
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