Dice
la sentencia del Tribunal Constitucional contra la ilegal “Ley del Referéndum”,
ya suspendida en su día y ahora anulada definitivamente, que “lo que a todos
afecta sólo puede ser decidido por todos” por lo que, además de la vulneración
de cualquier legalidad y de los propios reglamentos al respecto, “el Parlament
dejó a los ciudadanos a merced de un poder sin límite alguno”, lo que repugna a
cualquier planteamiento democrático. Un poder que “no reconoce límite alguno” es
lo más parecido a un poder absoluto, autoritario y arbitrario, que es lo que
pretende consolidar el Govern de la Generalitat en estos momentos. Por eso no
extraña que la respuesta de Puigdemont a los requerimientos por parte del
Gobierno español haya sido la que ha sido hasta el final, es decir, una burla
en toda regla a los ciudadanos españoles, incluidos los catalanes, y a las
instituciones democráticas del Estado de Derecho al que pertenece legal y
legítimamente la Generalitat de Cataluña, cuyo Govern, dirigido por Puigdemont
y Junqueras, se ha saltado todo tipo de normas, usos y competencias regladas y
ajustadas a derecho, prostituyendo la democracia en Cataluña y dañando
gravemente la estabilidad económica y la convivencia no sólo entre los
catalanes sino entre el resto de españoles. Por todo ello, agotada una
paciencia infinita por parte del Gobierno de España y demostrada la tozudez
totalitaria de Puigdemont y sus colegas, sólo cabe ya (algunos consideran que
se debiera haber hecho antes) aplicar el artículo 155 con la única finalidad de
restaurar la legalidad en Cataluña y en España, que es el objetivo que pretende
dicho artículo (basta leerlo para comprobarlo), aunque algunos,
interesadamente, pretendan venderlo como el de una supresión recentralizadora y
caprichosa de la autonomía, cuando precisamente su pretensión es todo lo
contrario, es decir, restablecerla y defenderla de los atropellos
antidemocráticos de sus totalitarios gobernantes. Por tanto el Gobierno
intervendrá la autonomía catalana para frenar la ilegal secesión y al efecto el
Consejo de Ministros decidirá mañana las medidas negociadas con el PSOE, para
enviarlas al Senado, que finalmente decidirá al respecto, especulándose que el
asunto consista en un 155 limitado y elecciones en Cataluña para la primavera;
que, entretanto, Gobierno y oposición constitucionalista negociarían nombrar un
sustituto temporal de Puigdemont con rango de ministro (es obvio que no se
pueden mantener a los zorros cuidando del gallinero) para reinstaurar la legalidad;
que el 155 limitaría la función del Parlament pero no lo disolverá; y que,
aunque, desde ya, se activará el artículo, la Cámara Alta no lo aprobará hasta
finales de mes, esperando (a mi juicio, vanamente) que en ese plazo se
convoquen elecciones, mientras Puigdemont amenaza con votar la independencia en
el Parlament. En definitiva, que el Gobierno de España, bien a través de un
“ministro para Cataluña”, bien con otra fórmula ad hoc, gestione la Autonomía,
temporal y brevemente, y que convoque elecciones autonómicas para que sean los
catalanes quienes decidan en quienes dejan la responsabilidad del futuro
político-institucional inmediato de la Comunidad Autónoma.
Entretanto
el rotundo mensaje de Europa, como no podía ser de otra forma, es a favor de una
España unida, dejando bien claro que “nadie en la Unión Europea reconocería la
independencia de Cataluña”, por si queda alguna duda, aunque los
independentistas sigan vendiendo humo al respecto (lo cierto es que sólo
cuentan internacionalmente con el apoyo expreso de Nicolás Maduro, reconocido
demócrata como todo el mundo sabe) y sostengan que la hipotética República
Catalana sería acogida internacionalmente con los brazos abiertos y seguiría
siendo miembro de la UE. Por tanto, Europa cierra filas con Rajoy, que recibe
el apoyo de los principales líderes europeos ante el desafío secesionista,
especialmente de Macron y Merkel, respaldando siempre una “solución dentro del
marco constitucional español”, al extremo de que Tusk, presidente del Consejo
Europeo, desautoriza al secesionismo y su propaganda demagógica diciendo que
“no hay espacio” para la mediación que buscan los secesionistas. Es la
respuesta lógica de una Unión Europea basada en el Imperio de la Ley, frente a
quienes pretenden conseguir sus objetivos y gobernar al margen de ella. Pero ni
este unánime rechazo internacional, ni la oferta de Rajoy de frenar el 155 si
Puigdemont convoca elecciones, ni los plazos dados para que reconsidere su
empecinamiento soberanista, ni la oferta de “amnistía” por parte de Rajoy a
cambio de elecciones legales para que el President salga indemne a pesar de
todo el daño causado, ni nada de nada, parecen hacer mella alguna en la
entelequia totalitaria del alucinado Puigdemont. Ni siquiera le afecta que tres
de sus consejeros le amenacen con dimitir si aprueba la ruptura por decreto (al
parecer, Xanti Villa, Meritxell Borrás y Carles Mundó, han manifestado su
voluntad de abandonar el cargo si se utilizara esa vía), mientras la CUP
dinamita el “procés” negándose a votar en el Parlament una declaración de
independencia (quieren la independencia ya) y el independentismo reactiva las
protestas en Barcelona y otras ciudades catalanas con velas en la mano y en
silencio para exigir la libertad de los “presos políticos”, es decir, de los
presuntos delincuentes, los Jordis, encarcelados cautelarmente por sedición y a
la espera de juicio; sin duda alguna, todo un ritual para inventarse mártires
de la causa antidemocrática.
Y
todo ello en medio de un deterioro económico en Cataluña (y en el resto de
España) que los expertos valoran ya en un coste al Estado de entre 13.000 y
14.000 millones de euros que repercutirán obviamente en el bienestar de todos
los ciudadanos. En efecto, el impacto económico del “procés” provoca, entre
otras cosas, que en octubre hayan salido de Cataluña 700 empresas (917 en total
ya se han ido), que la venta de coches en Barcelona haya caído entre el 30% y
40%, que la actividad turística caiga un 15% (previéndose 1.200 millones menos
de ingresos turísticos este año), que las ventas en grandes superficies en
Cataluña sufran una caída del 20%, que unas 20 empresas abandonen Cataluña cada
hora, que la crisis costará 3.300 millones al PIB y la pérdida de unos 75.000
empleos en 2018…. Pero, instaladas en la teoría de que cuanto peor, mejor,
tanto ANC como Ómnium llaman a los catalanes a que saquen sus ahorros de los
bancos, en tanto que el Presidente del Sabadell prepara su traslado a Madrid y
casi mil empresas han huido ya de Cataluña a causa de la inseguridad jurídica generada
por esta pretendida esquizofrénica independencia unilateral, siendo más que
probable que el escenario empeoraría más aun ante una hipotética República
Catalana al margen de la UE y sin cobertura alguna por parte del BCE. Y
mientras Barcelona se queda casi sin opciones para acoger la Agencia del
Medicamento a pesar de la defensa de que lo sea hecha tanto por el Gobierno de
Rajoy como del Govern de la Generalitat (cuando tenía todas las ventajas para
serlo antes de este “procés” soberanista intolerable), y mientras Volkswagen
deja en manos de SEAT el plan para salir de Cataluña, sumándose a la ristra de
empresas que ya han huido de la quema, Puigdemont planea declarar la DUI y
elecciones constituyentes, pretendiendo el PDeCAT apostar por repetir coalición
aunque Junqueras, sabedor de que ERC ya ha hundido al PDeCAT, se niegue a ello;
aunque me temo que Puigdemont opte por activar la Asamblea de Electos si le
suspenden con el artículo 155 y diputados y alcaldes tomarían las riendas de la
ruta soberanista como resistencia, al mejor estilo cupista, y al final la
antigua CDC, convertida hoy en PDeCAT, acabe siendo finalmente el PDeCUP.
Restaurar la legalidad con la aplicación constitucional del artículo 155 ya no
sólo es esencial sino urgente, como sostiene Ciudadanos.
En
cuanto a otros asunto, que también los hay, cabe citar al menos que hay penas
de cárcel para la cúpula de la CAM; que Edmundo Rodríguez Sobrino, directivo
con Ignacio González, declara ante el juez del caso Lezo que “se robaron 25
millones del Canal en la época de Gallardón” incriminando así al ex ministro;
que cunde el miedo a la “lava negra” en Galicia tras los incendios, mientras
Fiscalía investiga si hubo “planificación coordinada” en los mismos y aparecen
sospechosos al respecto en tanto que las lluvias calman la catastrófica
situación; que la Gran Vía de Carmena costará el doble de lo anunciado; y que
ACS supera en 2.000 millones la oferta de Atlantia por Abertis, una contraopa
de Florentino Pérez para liderar las autopistas en el mundo, al lanzar una
oferta por la concesionaria Abertis por 18.500 millones, un 13´6% mayor que la
de Atlantia.
Y
en el exterior destacar que mientras David Davis, ministro para el Brexit y
jefe negociador británico, dice que “debemos estar preparados para un Brexit
sin acuerdo”, la UE busca un divorcio amistoso con Reino Unido; que las
milicias antiyihadistas reconquistan Raqqa, el bastión del ISIS en Siria,
dejando sin territorio al Estado Islámico gracias a la coalición del FSD y
apuntando al final del Califato la victoria de las milicias apoyadas por EEUU;
y que en China el presidente Xi Jinping anuncia en Pekín durante la apertura
del XIX congreso del Partido Comunista Chino sus planes por convertir el país
en “una gran nación socialista moderna” mientras prepara el nuevo ejército de
China “para el combate”.
En
cuanto se refiere a los deportes destacar la retirada de Ruth Beitia, la mejor
atleta española; y en la Champions de Fútbol un nuevo paso atrás del Atlético
de Madrid, que empata, 0-0, en casa del humilde Qarabag, la estrepitosa derrota
del Sevilla, 5-1, en casa del Spartak de Moscú, el empate del Real Madrid, 1-1,
con el Tottenham en el Bernabeu, y la victoria del Barça, 3-1, frente al
Olympiacos en el Camp Nou.
Jorge Cremades Sena
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