De
“burda patraña” ha calificado Moncloa la acusación de Marta Rovira, la nueva
lideresa de ERC, de que el Estado y su Gobierno “amenazó con muertos en las
calles” si no se paraba el “procés”, y me temo que Moncloa ha sido demasiado
benevolente en la calificación, al ser bastante más ajustado a la realidad el
calificativo de “tendenciosa calumnia” si hacemos uso de una mayor precisión en
el lenguaje. En efecto, la indecente e intolerable acusación de Rovira excede los
términos “burda” (“que está hecha con poco cuidado o delicadeza y resulta mal
terminada, imperfecta o tosca”) y “patraña” (“mentira o falsedad grande o
complicada que se dice o se cuenta a alguien”) y se aproxima más bien, juzguen
ustedes, a los términos “tendenciosa” (“que muestra parcialidad y manifiesta o
implica tendencia hacia un fin determinado”) y “calumnia” (“acusación o
imputación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño o perjudicarle”).
Es hora pues, ante los graves ataques que sufre nuestro Estado de Derecho, de
llamar a las cosas por su nombre, sin gratuitas benevolencias, si queremos
afrontar el futuro democrático de España, incluida Cataluña, con cierta
esperanza y, para ello, hay que exigir siempre las más altas cotas de
responsabilidad a nuestros políticos, tanto en sus hechos como en sus
declaraciones, por lo que Marta Rovira debe demostrar la veracidad de su grave
acusación con pruebas fehacientes o desmentirlas inmediatamente. Como
ciudadanos se lo debiéramos exigir todos, al margen de la ideología que cada
uno tengamos, y los partidos políticos, al margen de sus programas y
expectativas, debieran hacer lo propio unánimemente. Sin embargo,
lamentablemente, la grave acusación de Marta, con la que inicia su radical campaña
electoral, sólo ha indignado, aunque no es poco, al Gobierno y al PP, al PSOE y
a Ciudadanos, mientras que Unidos-Podemos guarda un cómplice silencio como el
resto de partidos nacionalistas. Dice Pedro Sánchez sobre Marta Rovira que “es
falso lo que dice y lo sabe”, Albert Rivera añade que “cuando parecía que no
podían caer más bajo”, llega Marta Rovira para “mentir y hacer victimismo”,
mientras que Pablo Iglesias hace mutis por el foro, pues, no en vano, ya
acusaba en septiembre al Gobierno, tan gratuita y malévolamente como ahora hace
Marta, de buscar “heridos” y “escenarios prebélicos” sin aportar prueba alguna
al respecto. No basta pues con desenmascarar los indecentes bulos de semejantes
personajes con el objetivo de poner en graves dificultades al Estado de Derecho
y a su pertinente Gobierno democrático para favorecer sus objetivos
totalitarios, se requiere además exigirles políticamente que demuestren
fehacientemente la veracidad de sus irresponsables acusaciones, incluso por vía
judicial si fuese viable y preciso, para que la ciudadanía entienda que en
política no todo vale. Si Marta tiene pruebas de que el Estado amenazó al
Govern con poner muertos en las calles, que las aporte y, si no las tiene, que
retire inmediatamente sus acusaciones o deje la política para siempre, pues con
políticos así no vamos a ninguna parte.
Entretanto,
gracias a estos peligrosos personajes, España, uno de los Estados más
garantistas y en el que se disfrutan las mayores cotas de libertad y de
derechos, ha de pasar por la afrenta de que la Fiscalía belga, ante la
comparecencia judicial de Puigdemont en Bélgica, remita 24 preguntas a la juez
Lamela sobre el respeto a los derechos humanos en nuestro país, generando un
lógico malestar en la Audiencia, que recuerda que una OEDE (Orden Europea de
Detención y Entrega) se basa en el principio de “confianza mutua” entre los
Estados de la UE. En efecto, aprovechando los bulos y difamaciones de los
totalitarios independentistas para desprestigiar España en el exterior, la
Fiscalía belga se permite hacer preguntas como en qué cárcel quedarían
encerrados los prófugos, como si la comida es suficiente y de buena calidad,
como si pueden haber episodios de violencia en la prisión….y cosas por el
estilo, antes de decidir sobre el destino de Puigdemont, al que tratan como un
prófugo “vip”, y sus compañeros de fuga por la “calidad de los implicados”; tal
es el daño hecho a la imagen de España (mientras en las cárceles españolas,
salvo la lógica privación de libertad, se vive cómodamente y se disfruta de
todo tipo de servicios y garantías posibles) a causa, según la Vicepresidenta
Santamaría, de que “los independentistas se han creado su realidad paralela”,
al extremo de que “ni siquiera con De Juana Chaos nos han pedido tantas
garantías”. No obstante, tras su declaración, la Fiscalía belga pide que
Puigdemont, quien volverá a comparecer el cuatro de diciembre, sea devuelto a
España y apoya extraditarlo por rebelión, para que se le juzgue además por
sedición, malversación y desobediencia, señalando una “coalición de
funcionarios” del Govern, quedando a la espera de lo que el Tribunal pueda
decidir a principios de diciembre. Y mientras el PDeCAT quiere a toda costa que
el prófugo presida la Generalitat aunque pierda el 21-D (con permiso obviamente
de Marta Rovira y ERC, que, según los sondeos le ganará en las urnas), se
publica que Puigdemont recibió la visita en Bruselas de dos altos cargos de la
Generalitat en ejercicio, quienes no han sido cesados tras el 155, mientras
Rajoy se reúne con el primer ministro belga, quien afirma que el asunto de
Puigdemont es de índole judicial.
Por otra parte, el
PSOE pide explicaciones por los ciberataques en Cataluña, mientras el Gobierno
de Rusia advierte de que las acusaciones de injerencia pueden complicar las relaciones
con España, que refuerza la seguridad ante dichos ciberataques rusos (el
Gobierno español aumenta un 23% la plantilla del Instituto de Ciberseguridad),
mientras la TV de Putin promociona los separatismos y Puigdemont en una
entrevista televisiva afirma que su único objetivo tras el 21-D seguirá siendo
lograr la independencia de Cataluña (si lo quiere hacer dentro de la legalidad
nada que objetar). Y mientras se conoce que la Generalitat destruyó pruebas
durante el operativo policial del 20-S, continúa el “duro exilio” del
expresident y sus prófugos colegas, disfrutando en Lovaina de una cena con su
anfitrión, el político flamenco Lorin Parys, mientras en España Junqueras y
compañía siguen en prisión por los delitos que se les imputan, pasándole a Marta
Rovira el testigo para seguir engañando a la gente de buena fe con la citada
tendenciosa calumnia, para Moncloa, una simple “burda patraña”.
En cuanto se refiere
a otros asuntos cabe citar que las empresas del Ibex superan la economía de
crisis tras ganar un 18% más; que el Gobierno quiere encarecer el despido del
trabajo temporal, proponiendo a los sindicatos y empresarios elevar la indemnización
de 12 hasta 20 días por año trabajado para frenar el abuso en las
contrataciones; que Montoro bajará el IRPF a los contribuyentes “de cierta
edad” en 2018, incluyendo Hacienda una “prima fiscal” en los próximos
Presupuestos en cuanto el PNV les dé el visto bueno; que el Supremo sentencia
que retuitear un mensaje delictivo es también un delito, al confirmar una
condena por difundir mensajes de apoyo a ETA al poder ser apología del
terrorismo; que el empresario clave del “caso Púnica” dice que “Granados me
pidió quemar tres carros del Carrefour con documentos”, acusándole así de
pedirle destruir pruebas; que la Justicia frena el “trilerismo financiero” de
Carmena al fallar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a favor de
“suspender cautelarmente” la ejecución de unos créditos por 274 millones de
euros, aprobados por el Ayuntamiento, con los que pensaba sortear la exigencia
de Hacienda de controlar el gasto; que el CNI admite que tuvo contactos con el
cerebro del atentado yihadista de Barcelona, el imán de Ripoll, con quien se
entrevistó en la cárcel; y que el nicaragüense Sergio Ramírez, es galardonado
con el Premio Cervantes y afirma “subo al pedestal de los héroes literarios que
más admiro” y que “cuando uno no es Quijote es Sancho”.
Y del exterior cabe
destacar que Europa lanza medidas para reparar el daño de la crisis, por lo que
los Veintiocho aprueban un catálogo con 20 nuevos derechos sociales, iniciativa
que pretende frenar el ascenso del populismo en el Continente; que un cuadro de
Leonardo da Vinci, el “Salvator Mundi”, jamás subastado, se subasta y se vende
por 450 millones de dólares, convirtiéndose en la pintura más cara jamás
vendida; que la financiación para el cambio climático impide la negociación,
por lo que los Gobiernos dejan para 2018 lo más duro del Acuerdo de París; y
que el opositor Antonio Ledezma, ex alcalde de Caracas, escapa de Venezuela y,
tras burlar al chavismo esquivando 29 controles, pasa a Colombia por el Puente
Simón Bolívar, con la intención de llegar a España, tras haber pasado
los últimos mil días encerrado por Maduro, primero en la cárcel y después en
arresto domiciliario.
Jorge Cremades Sena
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