No
es para menos; la puesta en libertad bajo fianza de Puigdemont por parte del
tribunal regional-territorial alemán de Schleswig-Holstein, exonerándole además
del delito de rebelión por considerar que la violencia ejercida por el “procés”
no es suficiente para imputárselo, ha desatado la euforia en el totalitario
mundo secesionista que, acorralado por el Estado democrático español de Derecho
y por la Justicia española, recibe una inyección de oxígeno con esta decisión
judicial que, de entrada, los demócratas hemos de respetar aunque los
secesionistas totalitarios sean los primeros en no respetar ni acatar las
decisiones judiciales cuando éstas no les gustan o van contra sus totalitarios
objetivos e intereses. No extraña pues que Puigdemont, nada más salir de la
cárcel, arremetiera con sus manifiestas mentiras contra España por tener
“presos políticos” a pesar de que el citado tribunal regional germano no le
reconoce semejante estatus (en ningún Estado democrático hay presos políticos)
y simplemente decide no extraditarlo (que no es tema menor) para que, como sus
compañeros de aventuras, pueda ser juzgado en España por rebelión, con lo que
en un par de días este tribunal menor alemán tira por tierra todo el trabajo
instructor de meses del Tribunal Supremo de España recabando pruebas e indicios
para juzgarle, tal como procede cuando hay presunción de delitos cometidos,
dándose la paradoja de que, en caso de demostrarse durante el juicio la comisión
del delito de rebelión por parte del resto de imputados encarcelados,
subalternos de Puigdemont en la dirección del “procés”, la fuga de éste de la
Justicia quedaría premiada respecto a quienes, no huyendo de la misma, afrontan
las consecuencias judiciales de sus actos, pues el principal jefe de la banda
se iría de rositas no porque no haya cometido los delitos que se le imputan
sino porque se ha impedido por arte de magia que pueda ser juzgado como sus
compañeros de aventuras. Un despropósito jurídico descomunal, se mire como se
mire, pues es inaceptable que los países miembros de la UE (e incluso los del
resto de Europa), en los que impera la democracia y el Estado de Derecho, así
como la defensa de los derechos humanos, se conviertan en verdaderos “paraísos
judiciales” para los delincuentes, impidiendo a priori que presuntos delitos
cometidos puedan ser juzgados fehacientemente en los diversos países por sus
respectivos tribunales de Justicia, homologados y homologables, en
procedimientos judiciales con todas las garantías procesales y los pertinentes
recursos a las distintas instancias judiciales superiores, incluidas las
europeas, para corregir definitivamente los posibles errores que cualquier
instancia inferior haya podido cometer. Tan incomprensible sería que, por
ejemplo, el Tribunal Superior de La Rioja hiciera tambalear una causa del
Tribunal Federal de Justicia de Alemania, como que el Tribunal Superior de
Schleswig-Holstein, como es el caso, haga tambalear la causa del Tribunal
Supremo de Justicia de España. Salvando las distancias, deja la sensación de
que se están poniendo los bueyes detrás de los carros.
En
todo caso, y al margen de tecnicismos jurídicos procedimentales (doctores tiene
la Iglesia para explicarlos), la decisión de la Audiencia de
Schleswig-Holstein, que no juzga a Puigdemont (por tanto ni le condena ni le
absuelve), simplemente se opone a extraditarlo a España para que sea juzgado
por el delito de rebelión, según petición del Tribunal Supremo de España en la
euroorden, al considerar que no es suficiente el grado de violencia ejercida
por el “procés” contra las instituciones del Estado, al extremo de que no las
han podido doblegar, con lo que no sería equiparable el delito de rebelión
español (inexistente en Alemania) con el delito alemán de “alta traición”,
aunque no considera, como pretende el ex president catalán, que sea un “preso
político” y aprecia base suficiente para que siga el proceso de entrega a
España por el otro delito que se le imputa, el de malversación (por cierto,
bastante extendido entre los políticos españoles), que, en los casos más
graves, podría estar penado en España hasta con doce años de prisión. Ya sólo
faltaría que el tribunal territorial alemán considerase insuficiente la
cantidad malversada y decidiera no extraditarlo para que tampoco sea juzgado
por semejante delito. Asimismo el tribunal germano considera que no hay riesgo
de fuga y le deja entretanto en libertad bajo fianza, teniendo que permanecer
en Alemania hasta que se decida su extradición a España o no, lo que con los
antecedentes de prófugo que tiene el sujeto puede pasar cualquier cosa (él
promete que de la justicia alemana, que tanto criticaban cuando fue apresado,
no escapará). Entretanto Bélgica deja libres y sin medidas cautelares a los
tres exconsejeros prófugos, mientras Bruselas decide si acepta entregarlos por
los delitos cometidos; Suiza presiona a España para que se extradite a Falciani
mientras Marta Rovira sigue oculta en el país helvético y la exconsejera
Ponsatí, tras abandonar a Puigdemont, deja Bruselas para instalarse en Reino
Unido y reincorporarse a su plaza en la Universidad escocesa de Glasgow.
Y
mientras la fiscalía española (la fiscalía alemana, en contra de los jueces
germanos, sí aconsejaba extraditar a Puigdemont para ser juzgado por rebelión)
tilda de “inadmisible” que una instrucción de seis meses en España se resuelva
en dos días en Alemania, la Justicia española estudia cómo responder “para que
se cumpla la ley” y el Supremo planea buscar apoyo del Tribunal Europeo
mediante un escrito a Luxemburgo contra la decisión alemana, lo que paralizaría
la extradición y mantendría vigente el delito de rebelión; asimismo el juez
LLarena, para evitar que Puigdemont sólo sea entregado por malversación,
probablemente pedirá ampliar la euroorden incluyendo el delito de sedición, así
como aclaraciones sobre la misma, mientras Fiscalía se une a su iniciativa,
apuntando a que la Audiencia de Schleswig-Holstein se extralimita. Por su parte
la juez Lamela procesa a Trapero por sedición y dice que usó a los Mossos como
“una organización criminal”; Torrent propone de nuevo a Sánchez como president;
y el Gobierno español, que dice con razón, que hay que respetar las decisiones
judiciales “cuando gustan y cuando no”, contrasta con miembros del Gobierno
alemán, como la Ministra de Justicia, que se despacha a su gusto contra España
como si fuera un país tercermundista y antidemocrático, avalando claramente la
decisión de los jueces alemanes, mientras un eufórico Puigdemont denigra a España
y reinicia su campaña de acoso y derribo diciendo que “tener presos políticos
en la UE es una vergüenza”, calificando a nuestro país de “democracia blanda” y
mintiendo descaradamente al afirmar que lleva años “pidiendo diálogo”. Lo
triste, lamentable e intolerable es que, finalmente, el caso de Puigdemont haya
conseguido tensar la magnífica relación entre España y Alemania (especialmente
tras la declaración de la ministra de Justicia alemana respaldando su
excarcelación, que causan desconcierto y enfado en el Gobierno español),
reprochando España a Alemania politizar el caso del ex president secesionista y
abriendo una brecha entre ambos países de impredecibles consecuencias. Y todo
por la ineficiencia de la aplicación de una absurda euroorden de extradición
que en vez de fomentar la cooperación entre socios en materia penal provoca
todo lo contrario.
En
cuanto a otros asuntos se refiere destaca mediáticamente el desmadre acerca del
máster de Cifuentes, que, de alguna forma, ha nublado la Convención del PP en
Sevilla, que pretendía un relanzamiento del partido, pues la Universidad acude
al Fiscal tras conocer que una profesora no firmó el acta final del trabajo de
la presidenta madrileña, mientras la presidenta del tribunal dice que no la
evaluó y el propio rector dice ahora que no consta que Cristina defendiera su
máster, en tanto que ella reafirma que ha “dicho la verdad” y Cospedal llama a
“cerrar filas ante las malas artes”; por su parte, el PSOE presenta una moción
de censura, que respalda Podemos, y Aguado, por parte de Ciudadanos, sostiene
que “no se puede dejar caer un gobierno sin una comisión de investigación” y
Cifuentes sostiene como “buena noticia” la judicialización del caso. También,
sobre otros temas, cabe citar que Hacienda negocia con Cristiano Ronaldo
rebajar su fraude a la mitad si se declara culpable, mientras el futbolista
pide el expediente fiscal de Messi y que se le juzgue como a él; que Facebook
avisará a los 137.000 usuarios españoles cuyos datos se robaron; que la Banca
reclama 1.350 millones al Estado por el cierre de Castor; que, según NCReport, el 69% de los votantes
del PP quiere a Rajoy como candidato y Santamaría es la favorita como sucesora,
casi empatada con Feijóo, y más del 78% avala pactar con Ciudadanos; y que,
según Metroscopia, en caso de elecciones generales, ganaría Ciudadanos con el
28´7% de los votos, seguido de PP con el 20´4%, el PSOE con el 19´1% y Podemos
con el 18´3%, siendo este partido el único que sube respecto a la encuesta
anterior.
Y
del exterior destacar que la tensión vivida en Brasil por la negativa de Lula a
entregarse para ser encarcelado y cumplir los doce años de condena por
malversación, ha llegado a su fin al entregarse un día después de que el juez
se lo exigiera, finalizando su atrincheramiento con un baño de masas que, a
pesar de la condena, le siguen respaldando como candidato; que un atropello
masivo en la ciudad alemana de Münster deja al menos dos muertos y más de 20
heridos; y que Mauricio Macri, Presidente argentino, dice que “la relación de
Argentina con España es la de dos amantes que se han encontrado” y, en vísperas
de la visita de Rajoy a Buenos Aires, añade “espero que el presidente me ayude
a convencer a los españoles de que aquí son muy bienvenidos; esta es su casa”;
ya ven, mejor imposible,
Y,
por lo que respecta al fútbol, el Barça, tras ganar al Leganés, 3-1, se afianza
más aun como líder tras el empate, 1.1, en el Bernabeu entre Real y Atlético de
Madrid.
Jorge Cremades Sena
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